El fin de alquileres de renta antigua aboca al cierre a comercios históricos

Los arrendatarios se ven forzados a renegociar los contratos a precios de mercado actual

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La estampa actual de las grandes vías comerciales gallegas, donde las tiendas vanguardistas de franquicias y marcas de moda conviven con establecimientos de toda la vida que sobreviven gracias a alquileres ajustados, heredados de generación en generación, tiene los días contados y podría mudar de forma radical a partir del año que viene.

Los arrendamientos de renta antigua, que quedaron heridos de muerte en 1985, con la aprobación del conocido como decreto Boyer, por el que se eliminaba para los nuevos contratos la prórroga obligatoria que regía hasta entonces, se extinguirán de forma masiva el próximo 31 de diciembre. Ese día perderán la vigencia todos los alquileres de locales comerciales pactados antes de la entrada en vigor del decreto, salvo en aquellos casos en los que siga al frente del negocio el titular original del contrato o bien su cónyuge, que están blindados por ley hasta su fallecimiento o jubilación. Si está a nombre de algún descendiente, o bien de una empresa, como ocurre en la mayoría de los casos, quedará sin efecto, ya que se cumplen los 20 años de prórroga establecidos en la posterior Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada en 1994.

Si no lo han hecho aún, los inquilinos tendrán que ponerse a negociar con los propietarios para actualizar sus rentas a precios de mercado actual. Una tarea que se presenta ardua.

Así lo entiende Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), que vaticina que «la mayoría de estos locales acabarán cerrando, solo hay que ver qué actividades hay: librerías, mercerías... Son comercios pequeños cuya facturación no les permite afrontar un alquiler al precio actual». Pero no es, a su juicio, el único obstáculo que podría dificultar un acuerdo para renovar el contrato de alquiler, al que se une el perfil mayoritario de estos comerciantes, a los que sitúa próximos a la edad de jubilación, y la mala relación que, dice, han causado las disputas para intentar que se actualizasen las rentas.

«Hay casos en los que el propietario no consigue generar ingresos suficientes para pagar la contribución del local. Lo que no puede ser es que haya gente que esté pagando tres euros, como ocurre en una librería de una villa de Ourense», argumenta el presidente de Fegein que, pese a todo, cree que la resolución de estos contratos tampoco será la panacea para los propietarios, que las van a pasar canutas para volver a colocar los bajos: «Son locales con muy difícil salida, porque llega en el peor momento. Si fuese en el 2006, en ebullición económica, igual la gente se metía a reformarlos».

Sin ayudas públicas

Aunque no existe una línea de ayudas específica para resolver esta situación, como propusieron hace años los partidos con representación en el Parlamento de Galicia, desde la Federación Galega de Comercio explican que sí cuentan con un servicio de consultoría en colaboración con la Xunta.

El presidente de los comerciantes gallegos, José María Seijas, recomienda a los afectados que empiecen a negociar lo antes posible y coincide con Iglesias en que «una subida desproporcionada puede volverse en contra del arrendador». Una opinión que comparte Julián Fernández-Montells, asesor jurídico de la Cámara de Comercio de A Coruña -que también cuenta con un servicio de orientación-, convencido de que prevalecerá el interés mutuo por llegar a un acuerdo y que explica que muchos inquilinos todavía no han abordado la negociación porque han pasado estos años más pendientes de la supervivencia de sus negocios, por lo que espera que el aluvión de consultas se produzca a finales de año. Con todo, explica que, al margen de la situación económica, también la ley favorece la renovación, con cláusulas que obligan a dar derecho preferente de renovación al actual inquilino durante el primer año, plazo en el que también tendría que ser indemnizado si el local es ocupado por un negocio similar al actual. Cualquier acuerdo dependerá de qué subida se pida porque, advierte Seijas, «la situación es límite y para un buen porcentaje de comerciantes cualquier tipo de gasto adicional, por mínimo que sea, es inasumible».

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