La intención del Gobierno es introducir más recortes para ajustar las cuentas de Aena
26 dic 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Entre el «escepticismo» y la «incertidumbre». Así se encuentra el colectivo de controladores aéreos ante las negociaciones que han de comenzar en apenas un mes (el 21 de enero) para intentar acordar un nuevo convenio para estos profesionales, envueltos en la polémica años atrás por medidas tan discutidas como las ausencias -plante ilegal para unos, bajas por estrés para otros- que en el puente de la Constitución de diciembre del 2010 ocasionaron un caos histórico en los aeropuertos españoles. Sobre la mesa, la intención del Gobierno de introducir recortes para ajustar más las cuentas de Aena, el ente público que gestiona la red nacional de aeródromos.
Imposible medir el riesgo de que, en caso de no alcanzar un acuerdo, se vuelva a vivir un ambiente de conflictividad laboral en el sector, sobre todo por la «voluntad negociadora» que, en público y a priori, han mostrado ambas partes. El problema es que parece haber ya cartas marcadas de antemano sobre la mesa, fundamentalmente por parte de la Administración.
Fueron precisamente los responsables de Aena los que el pasado 23 de octubre denunciaron el actual convenio -dictado mediante un laudo arbitral en febrero del 2011 y que vence a finales de año, si bien puede seguir vigente doce meses más-, un hecho que no pilló desprevenidos a los representantes de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), la organización que aglutina a la gran mayoría de estos profesionales. Lo que sí les «sorprendió» es que desde el ente público pidieran la anulación de «todos los capítulos» del acuerdo aún vigente, sin mediar explicación alguna, ni siquiera en privado.
«Es cierto que el laudo fue controvertido e impuesto a ambas partes tras un duro conflicto -explica un portavoz de USCA-, pero no es menos verdad que varios puntos del mismo se han demostrado tiempo después francamente satisfactorios para los dos». Por eso, en el sindicato siguen sin comprender por qué, si desde Aena y Fomento se apuesta por el diálogo y el consenso, «se considera que todo es susceptible de cambio», sin ni siquiera haber comentado el tema en los distintos encuentros informales, e incluso oficiales, que han mantenido durante los dos últimos años.
Precisamente fruto de esas conversaciones es el reciente acuerdo sobre el reparto de los complementos de productividad, en el que las autoridades han aceptado la mayoría de las tesis de USCA y han optado por un modelo similar al de los principales países europeos. Hechos como este, junto al «talante negociador» que presumen en la ministra Ana Pastor, les hace albergar «esperanzas de llegar a un buen acuerdo».
Reticencias de Aena
Por el contrario, que desde Aena se haya sido bastante reticente a la hora de cumplir algunos puntos del convenio, buscando incluso la intervención de los tribunales para que fueran estos los que determinaran si los términos del referido laudo arbitral podían chocar con alguna normativa legal, les hace dudar de las «verdaderas intenciones» de la Administración. Es lo que ha ocurrido con la regulación de los ciclos de trabajo y descanso de los controladores, donde la Audiencia Nacional acaba de dar la razón a la empresa.
La posible privatización parcial de Aena -sacando a Bolsa parte de la sociedad que gestionaría los aeropuertos y dejando aparte el control de la navegación- no preocupa a los controladores, que creen que dicha operación no debería afectar a la negociación del convenio. Claro que, en la práctica, el ente público sigue inmerso en un proceso de ajustes y la segregación de los aeródromos se llevaría casi toda su deuda pero también los principales ingresos de una sociedad que depende aún mucho de los Presupuestos del Estado.