Bruselas asume la pelea de los exmarinos en Noruega

E. Abuín REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

El comisario de Empleo sondeará si en Oslo están dispuestos a devolver los impuestos a los gallegos

05 dic 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

Quizá con más lentitud de la deseada, pero lo cierto es que la batalla político-mediática que los miembros de la asociación Long Hope, formada por exmarinos que trabajaron en mercantes noruegos y que no tienen derecho a pensión pese a que pagaron allí impuestos sin ser residentes, va ganando aliados. El último, László Andor, a la sazón comisario de Empleo y Asuntos Sociales, que se mostró dispuesto a realizar las gestiones necesarias para que Oslo y Madrid alcancen un acuerdo y los jubilados españoles que trabajaron en barcos noruegos entre los 60 y los 90 -unos 12.000, de los que unos 8.000 son gallegos- recuperen el dinero de los impuestos que pagaron sin tener por qué o tengan derecho a una pensión. Eso es, al menos, lo que les ha trasladado la defensora del pueblo al sonense Alberto Paz Viñas, que lidia la misma batalla que Long Hope, pero a título particular. En una misiva que firma la adjunta segunda de Soledad Becerril, Concepció Ferrer, da cuenta de las reuniones que el Gobierno español ha mantenido con miras a resolver el problema de este colectivo.

Un primer encuentro se celebró a finales de abril. Se sentaron alrededor de una mesa el secretario de Estado de la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, y el director general de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea, Alejandro Abellán, con representantes de los ministerios españoles de Exteriores y Empleo. Y las conclusiones fueron que, como ya había dicho la Comisión Europea, es más «un problema jurídico que un problema ético» y que «es Noruega el país que ha de solucionar un problema que él mismo ha generado». Y apunta dos soluciones: o bien que Oslo reconozca «los años embarcados como años de residencia y calcular la correspondiente pensión» o bien que devuelva «los impuestos ingresados por los trabajadores».

Acuerdo administrativo

Una tercera deducción: la solución no podría alcanzarse a través de un convenio bilateral clásico, «sino más bien mediante un acuerdo administrativo en el que Noruega asumiera sus obligaciones y España procediera a prestarle la colaboración administrativa necesaria».

Búsqueda de soluciones

Lo que tienen claro Méndez de Vigo, Abellán y los cargos al mando de Margallo y Báñez es que hay que insistir a Noruega en que «debe pronunciarse favorablemente en beneficio de los interesados». ¿Cómo? Pues, por un lado, haciendo que el embajador de España en Oslo y el consejero laboral trasladen al Gobierno noruego la preocupación de España por esta cuestión y explorar la posibilidad de mantener una reunión formal para buscar soluciones. Y, por otro, pidiendo apoyo a la Comisión Europea para que se pronuncie sobre la petición formulada por el Parlamento Europeo para que Oslo y Madrid firmen un convenio, guante que recogió László Andor, que ya tiene toda la documentación del caso.

Ni que decir tiene que las nuevas de la defensora del pueblo han inflado la moral de las huestes de Long Hope. Ahora bien, eso no significa que dejen descubiertos otros flancos y continúan sondeando las alternativas judiciales del asunto. Siguen recorriendo Galicia en busca de adeptos a su causa y están dispuestos a llegar al Tribunal de Estrasburgo, porque, como les dijeron desde la Eurocámara, con ellos se ha cometido una grave injusticia.

De todos modos, el problema de los marineros jubilados está ya en la agenda del Gobierno noruego, que está como quien dice estrenando nuevo Ejecutivo.