Aporta al juez un informe en el que asegura que las indemnizaciones «no se podían dejar de abonar»
06 nov 2013 . Actualizado a las 10:19 h.El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tiene en sus manos un informe pericial del Banco de España en el que se indica que los servicios jurídicos del supervisor constataron que los blindajes millonarios de los directivos de Novacaixagalicia, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Javier García de Paredes, eran legales, y también conocidos por la institución. Este hecho echa por tierra parte de la tesis del fiscal, quien argumenta que los contratos se habían realizado a espaldas de las autoridades competentes.
En concreto, en la página 23 del documento pericial con fecha del 30 de agosto, se indica: «En opinión del servicio jurídico del Banco de España, resultaba difícil de sostener que se podía haber dejado de abonar a los directivos en cuestión las cantidades pactadas para el caso de prejubilación». El equipo de abogados del supervisor consideraba que, «pese a la necesidad de apoyos públicos para su proceso de integración, NCG no había presentado pérdidas, sino que seguía obteniendo beneficios. Dicha circunstancia por sí misma justificaría ya la actuación de la entidad de hacer efectivos los pagos sin pactar previamente con los directivos afectados un ajuste de los mismos».
En ese momento, reconoce el perito refiriéndose a las consideraciones hechas por el gabinete jurídico del Banco de España, no existían limitaciones a las indemnizaciones por rescisión de contrato para entidades beneficiarias de apoyos públicos en los términos en que existen actualmente.
¿Un expediente?
Tras esta base legal, los abogados del supervisor concluyen que no «concurren elementos suficientes que justificaran la incoación de un expediente disciplinario contra NCG».
El informe, cargado de opiniones del propio perito Antonio González Ruiz, quien intenta salvaguardar la actuación del Banco de España que en aquel momento tenía como gobernador a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, asume ?aunque no lo hace de una manera abierta? que los contratos fueron conocidos en el primer trimestre del 2011 (seis meses antes de que se marcharan los exdirectivos) por los inspectores, a los que las retribuciones les parecieron «excesivas» y de hecho advirtieron que los «contratos podían ocasionar costes no contabilizados a la fecha por la entidad».
Tras este aviso, la caja, entonces presidida por Julio Fernández Gayoso, acude con Ricardo Pradas, un abogado externo, tanto a la comisión de retribuciones como al consejo de administración para explicar que tras la creación del banco (ocurrirá el 14 de septiembre del 2011) podría haber directivos que desistieran de sus contratos y por lo tanto, sería necesario provisionarlos. Y así se hizo.
El inspector reprocha a los exdirectivos que no hubieran optado por renunciar a una rebaja de sus indemnizaciones ?se olvida de recoger que sí lo hizo en dos ocasiones Javier García de Paredes?, por lo que la entidad se vio obligada a provisionar 29,97 millones de euros y para mantener su resultado contable del mes de junio liberó una cobertura genérica, de forma extraordinaria por importe de 29 millones, una cantidad similar al cargo que habían supuesto las indemnizaciones.