Las grandes inmobiliarias que penan en concurso negocian con los acreedores para evitar caer en causa legal de disolución el próximo año
27 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.En octubre del 2007, con el mercado inmobiliario en su momento de máximo esplendor, previo al eclipse, los gigantes del sector constituían el G-14 -como se autodenominó, emulando al foro de los países más ricos del mundo y las economías emergentes-, el lobby del sector, cuyo primer presidente fue Fernando Martín. El cargo le duró apenas nueve meses, lo mismo que tardó Martinsa-Fadesa en declararse insolvente y presentar el mayor concurso de acreedores de la historia de España, en julio del 2008. Cinco años después, la promotora cuenta ya con un convenio de pago respaldado por sus principales acreedores, pero las dificultades no han quedado atrás.
Deloitte, auditora de la empresa, advertía en su último informe de revisión de los estados financieros de la firma, de la «existencia de una incertidumbre significativa sobre la capacidad del grupo para continuar sus operaciones». Y es que, superada la presión más acuciante de la deuda gracias al calendario de pago pactado, la empresa tiene que atajar cuanto antes un agujero patrimonial que la podría colocar en causa legal de disolución a partir del próximo año.
En concreto, Martinsa-Fadesa cuenta con un patrimonio neto negativo por importe de 3.934 millones de euros, aunque los cambios aprobados por el Gobierno en el 2008 para blindar a las inmobiliarias permiten descontar de esa cantidad las pérdidas por el deterioro de los activos inmobiliarios que, sumados a los préstamos participativos vigentes, dejan el déficit patrimonial de la promotora en 162,3 millones. Sin embargo, el real decreto que permite ese ajuste contable expira el 31 de diciembre tras varios años de prórroga y no está claro que se vaya a extender, lo que dejaría a Martinsa-Fadesa, y a un buen puñado de inmobiliarias, en una situación extrema.
Blindaje
Para blindarse, la empresa ha comenzado a realizar movimientos para reducir ese agujero millonario, entre ellos la conversión en préstamos participativos de los intereses devengados por la deuda concursal en los primeros seis meses del año (26,6 millones), así como de créditos subordinados por 139 millones. En un informe de agosto, la dirección de la empresa reconocía que había realizado la misma solicitud a otro grupo de acreedores para convertir también en préstamos participativos otros 100 millones en créditos, aunque desde la empresa no aclaran si esa oferta ha tenido éxito.
Pero Martinsa-Fadesa no es la única firma del sector que atraviesa turbulencias. Reyal Urbis caía en concurso en febrero. De nada le sirvió la refinanciación pactada con la banca a comienzos del 2010, cuando la crisis azotaba con más fuerza el mercado inmobiliario. La atonía del sector, que ha conseguido levantar mínimamente el vuelo desde entonces, dejó el acuerdo en papel mojado y la empresa y la banca se vieron obligadas a negociar una nueva hoja de ruta, pero el acuerdo ya fue imposible. Solo en deuda financiera, la compañía soporta una losa superior a los 3.700 millones.
Antes de eso, Reyal había tratado de reducir su agujero patrimonial (de más de 1.970 millones, 256 tras los ajustes correspondientes) para lo que recurrió también a la conversión de deuda en préstamos participativos, por 40,6 millones. La declaración del concurso cortó la posibilidad de seguir profundizando en esa vía, pero también alejó el fantasma de la disolución.
Vallehermoso, con un patrimonio neto negativo de 96,6 millones, y Quabit, con un agujero de 53,6 millones, son otros ejemplos de inmobiliarias cotizadas con déficit patrimonial aunque, en el caso de esta última, tras descontar las pérdidas por depreciación de activos inmobiliarios, esquiva la causa de liquidación al situarse con un patrimonio ajustado de 67,8 millones.
Deuda millonaria
Pero lo que de verdad lastra a las grandes promotoras es una deuda conjunta que supera los 20.000 millones solo con la banca y que apenas merma de un año a otro. Han conseguido, eso sí, un poco de oxígeno, gracias a la ampliación de los plazos de pago, en el caso de Martinsa-Fadesa, sitúan el horizonte de abono del 68 % de su deuda concursal más allá del 2016.