El Gobierno detecta a más de 520.000 perceptores irregulares de prestaciones por desempleo
ECONOMÍA
Las medidas de lucha contra el fraude han permitido recaudar 22.500 millones de euros en año y medio, según el Ejecutivo
12 oct 2013 . Actualizado a las 01:45 h.La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apuntó ayer con el dedo a 520.572 parados, a los que acusó de haber cobrado de forma indebida ayudas por desempleo. «Estoy hablando de personas que cobran prestación por desempleo y que sin embargo trabajan fraudulentamente», llegó a asegurar durante su intervención tras el Consejo de Ministros, que tomó conocimiento del informe de resultados del plan antifraude en el último año y medio, el «más ambicioso» de la democracia, según sus propias palabras.
Una cifra impactante que equivalía a acusar de fraude a casi uno de cada cinco parados que cobran prestaciones (menos de un 65 % del total de desempleados) y que enseguida chocó con la realidad de las cifras. La única que se sostuvo fue el ahorro de 3.161 millones de euros en subsidios entre enero del 2012 y junio del 2013, aunque el Ministerio de Empleo ofrece unos datos muy diferentes sobre cómo se ha llegado a él.
Así, en una carta abierta sobre el fraude laboral publicada por la ministra de Empleo en agosto, Fátima Báñez reconocía que en los seis primeros meses de este año solo se habían detectado a 5.833 trabajadores que compatibilizaban indebidamente su subsidio con un empleo remunerado (apenas el 1,1 % de los que anunció la vicepresidenta). En todo el 2012, las prestaciones retiradas por el mismo motivo habían sido 9.452 según el informe anual de la Inspección de Trabajo, por lo que la cifra real de desempleados a los que se les extinguieron sus ayudas por compatibilizarlas con un trabajo no declarado apenas supera los quince mil, menos de un 3 % de los acusados por la vicepresidenta.
En total, en año y medio se han retirado 159.793 prestaciones, aunque por motivos tan diversos como haber rechazado varias ofertas de empleo consideradas válidas por los servicios públicos de colocación o la connivencia con el empresario para obtener de forma indebida el subsidio. A esto hay que sumar, además, las suspensiones temporales de las ayudas a algunos parados por simples cuestiones administrativas como no renovar en plazo sus demandas.
El error en los datos ofrecidos por la vicepresidenta provocó la reacción del PSOE, que le exigió una rectificación inmediata y anunció que pedirá su comparecencia urgente en el Congreso para que aclare sus acusaciones. «Si quiere encontrar a muchas personas que cobraron en B no tiene que irse muy lejos de la calle Génova», ironizó el diputado socialista Pedro Sánchez.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, censuró que la única «obsesión» del Gobierno sea reducir la nómina de los desempleados y que contribuya a alentar que «la persona en paro sea considerada susceptible de estar en una situación falsa o de culpabilidad».
Más ahorros
La rebaja en la factura de las prestaciones por desempleo se completa con los 557 millones recaudados tras las inspecciones a empresas ficticias, los 408 millones por el control de fraudes en las incapacidades temporales o jubilaciones parciales y los 1.714 millones aflorados en cantidades no declaradas a la Seguridad Social. En total, según la cifra ofrecida por la vicepresidenta del Gobierno, en este año y medio -en el que se han incorporado 121 nuevas personas a los cuerpos de inspección- se ha conseguido mermar el impacto del fraude laboral en las cuentas públicas en 6.152 millones.