La reforma eléctrica ha levantado encendidas protestas en todos los agentes del sector.
A las eléctricas tradicionales Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP España y E.on España les afectan los recortes en la remuneración de la distribución, la merma de los pagos por capacidad y el cargo por el bono social, o descuento que protege a los consumidores más vulnerables. Las renovables han mostrado también su descontento porque pasarán a recibir remuneraciones en vez de las primas a la producción. Clientes mayoristas, como la industria de la siderurgia, el aluminio o el cemento han amenazado ya con deslocalizar sus plantas porque aseguran que si aumenta la abultada factura eléctrica que ya pagan no podrán competir. Respecto a los consumidores domésticos, van a soportar un nuevo aumento del 3,2 %, que se añade a sucesivos incrementos de hasta un 70 % en los seis últimos años.
Son 4.500 millones de euros los que se pretenden ahorrar.