Desoye todos los llamamientos y advertencias y da por hecho que las ayudas tendrán que devolverse. «Lo que está haciendo es la muerte de los astilleros», le dijo a la cara el representante de la patronal
28 jun 2013 . Actualizado a las 13:42 h.Joaquín Almunia no está dispuesto a dar marcha atrás. A pesar de tener enfrente al Gobierno, a las autonomías afectadas, a los partidos de la oposición, a los sindicatos y a la patronal del sector, se cierra en banda y se mantiene firme en su propuesta de exigir la devolución de las ayudas europeas al sector naval. Así lo dejó claro ayer en su intervención en un desayuno informativo organizado por el Foro Economía en Madrid y, previamente, en una reunión con los representantes de Pymar, la patronal de los astilleros privados, que le advirtieron de que si se consuma su proposición significará el fin de estos.
El comisario de la Competencia anunció que la Comisión Europea fallará el próximo 17 de julio, pero habló como si la decisión ya estuviera tomada. Aseguró que las bonificaciones fiscales son «incompatibles con la legislación europea en ayudas de Estado» y, por lo tanto, deben ser reintegradas.
Pasa la pelota al Gobierno
Destacó que la obligación de devolver las ayudas corresponde solo a los inversores y a los armadores, no a los astilleros. «Están claramente y tajantemente excluidos de la obligación de devolución los astilleros que fabricaron los buques y los bancos y las compañías de leasing que participaron como meros agentes financieros», enfatizó. Añadió que «nadie puede exigirles que se subroguen en la obligación de devolver las ayudas». Como garantía dijo que el Derecho europeo está por encima de cualquier tipo de contrato o acuerdo civil, por lo que la responsabilidad no podrá derivarse a otros.
Precisó que corresponderá al Gobierno español concretar quiénes están obligados a devolver las ayudas por ser sus beneficiarios, las cuantías y cómo va a ejecutar la decisión, que, señaló, es recurrible. Explicó que a España se le aplica el mismo criterio que a Francia, cuyas bonificaciones fueron declaradas ilegales en el 2006, pero no tuvo que devolverlas al entenderse que existía inseguridad jurídica hasta el 2005, ya que no se sabía cuál era la posición de la Comisión Europea. Pero una vez que se inició la investigación formal del caso francés, «no idéntico, pero parecido en muchos aspectos, se entiende que la incerteza legal desapareció. Por eso, España debe devolver las ayudas desde el 2005 al 2011 y no las anteriores. Esto supondría reintegrar unos 3.000 millones de euros, de los que 1.700 corresponderían a Galicia.
Almunia justificó su posición recordando que como comisario debe atenerse a aplicar las normas jurídicas europeas, porque es su obligación, más allá de su nacionalidad, su carné de partido o sindicato, sus preferencias o sus sentimientos.
Como al resto
Tras ser interrumpido por el presidente de Pymar, Álvaro Platero, que le advirtió de que si su propuesta se lleva a cabo cerrarían los 19 astilleros privados españoles, se limitó a decir: «Espero que no se hagan realidad sus previsiones». Terminó su intervención sobre este tema diciendo que «a Francia, a Alemania, al Reino Unido, la Comisión les ha exigido en muchas ocasiones devolver ayudas y yo como comisario se lo he exigido, se lo estoy exigiendo y se lo voy a hacer cumplir exactamente igual que al país más pequeño de la Unión Europea o exactamente igual que al país más cercano a mi lugar de residencia».