El organismo califica de superficial la reforma de la política pesquera
26 jun 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La reforma de la política común de pesca ya está aprobada y el Consejo Económico y Social de la Administración española la califica de «superficial en su dimensión social». «Hay que mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del mar», incidió Marcos Peña, presidente del organismo, que reconoce que el documento ahonda en cuestiones medioambientales y pasa de puntillas sobre las sociales.
Peña resumió en tres grandes ámbitos las carencias del documento. En primer lugar, habría que reforzar la colaboración técnico-científica con empresas y Administración; en segundo, no debería permitir el dumpin laboral e higiénico-sanitario con terceros países; y en tercer lugar tendría que conjugar la mejora de las condiciones de vida actuales y el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del medio marino. A su juicio, hay que compatibilizar los intereses de la industria con los de los movimientos ambientales.
«Los trabajadores del mar no tienen ningún marchamo que los pueda distinguir como depredadores, exterminadores o contaminadores», subrayó el presidente del CES.
Sobre los descartes, el consejo considera que el origen del problema está más relacionado con la aplicación del criterio de estabilidad relativa (la clave de reparto entre Estados) que en el uso de determinadas artes, lo que no quita para que Peña reclame una actividad más selectiva que contribuya a su reducción.
Flexibilización
En las jornadas participó el secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, que mostró su satisfacción por algunos cambios que han sido introducidos en el documento europeo. Así, subrayó que se van a permitir un 7 % de descartes que no tendrán que descontarse contra otras especies en los puertos. Este porcentaje se va a ir reduciendo progresivamente hasta el 5 %. También dijo que el exceso de captura de una especie puede llegar al 9 %, aunque se descontará de otra pesquería para la que la flota sí disponga de autorización.
Pero las explicaciones no convencieron. El gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores de Vigo, José Ramón Fuertes, dejó claro que al sector no le gusta la reforma.