El proceso judicial sigue su cauce, mientras los afectados gallegos están pendientes de la quita, el canje por acciones o la conversión en un depósito de sus ahorros
20 jun 2013 . Actualizado a las 09:33 h.La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que anule la decisión del juez Fernando Andreu de investigar la comercialización de preferentes porque supondría crear un «paradigma de macrocausa ingobernable» que generaría una «grave desprotección a las víctimas». En sus recursos de apelación contra los autos en el que el magistrado admitía a trámite varias querellas por este asunto, el fiscal pide que lo resuelva el pleno «dada la trascendencia de las cuestiones que deben debatirse».
Los escritos van dirigidos a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la misma que ordenó a Andreu investigar las preferentes e incorporarlo a la causa en la que instruye la fusión y salida a bolsa de Bankia, si bien al admitir las querellas el juez decidió abrir una pieza separada con ellas.
Anticorrupción cree que, ante la «previsibilidad de que se planteen en el futuro cuestiones de similar contenido», debe ser el pleno el que «decida el cauce por el que deberán dilucidarse las eventuales cuestiones que se susciten ante la sala», por lo que reclama la celebración de una vista oral previa.
Asesoramiento a sus clientes
El proceso judicial sigue su cauce, mientras los preferentistas gallegos están pendientes de la quita, el canje por acciones o la conversión en un depósito de sus ahorros. El Instituto Galego de Consumo (IGC) ha puesto en marcha un plan para responder a las inquietudes de los afectados que en sus dos primeros días de funcionamiento ha atendido a más de 3.200 personas.
Este organismo, dependiente de la Consellería de Economía, con unas cuarenta personas extras en las siete ciudades gallegas, está centrado exclusivamente en agilizar los trámites del arbitraje. Según datos de la Xunta, en la oficina de Ourense se asesoró a 685 ciudadanos; en Pontevedra, a otras 600 personas; 475 en Lugo; en Vigo fueron 450; 414 en A Coruña; 365 en Santiago; y 266 en Ferrol.
El operativo también facilita información por la mañana y por la tarde sobre las posibilidades de la vía judicial, que permitirá atender a las reclamaciones de quienes fueron víctimas de una mala comercialización y no se benefician del arbitraje. En las sedes del Instituto de Consumo también se explica el acceso a la justicia gratuita para los afectados.