Los trílogos han hallado el hipotético camino medio entre las exigencias de la Eurocámara y las líneas rojas de los Estados.
Flexibilidad escasa
Los descartes, el gran caballo de batalla en todo este proceso, se prohibirán. La entrada en vigor de la obligación de descargar en puerto todas las capturas empezará a introducirse en el 2015. No obstante, y para beneficio de países como España y Francia que lo habían pedido con insistencia, se establecerán unos mínimis (porcentaje que se podrá descartar) que empezarán en el 7 % los dos primeros años y se irán reduciendo progresivamente hasta llegar al 5 % en el 2020. La propuesta inicial de los 27 era más flexible, pero la presión de la Eurocámara surtió efecto y, en la última reunión de ministros de Pesca, se redujo a la proporción actual. La condición indispensable para acceder a la flexibilidad es que se solicite a Bruselas el permiso para aplicar la regla de mínimis solo «en casos excepcionales», y cuando se demuestre que «el futuro socioeconómico de una comunidad depende de ello». La transparencia y control del cumplimiento del reglamento será imprescindible.
esfuerzo pesquero
Reducción de la flota. Más dura se muestra la normativa con la gestión de la capacidad pesquera. Bruselas podrá suspender las ayudas a España si no se adapta el volumen de la flota a la asignación de cuotas que le corresponde. Será una tarea complicada, teniendo en cuenta que el desequilibrado reparto de las posibilidades de pesca en 1986 continúa desfavoreciendo a España, primera potencia de la Unión en este sector.
Objetivo 2015, ampliable al 2020
La reforma obligará a fijar la mortalidad por pesca en función del rendimiento máximo sostenible (RMS) que determinen los informes científicos. A petición de la Comisión y Eurocámara, se deberán «tener en cuenta», además, los niveles de biomasa de los stock. En cualquier caso, todas las pesquerías deberán alcanzar el RMS en el 2015 «si se puede», y fijando como horizonte más lejano 2020 en casos «excepcionales».
Mimada en el reparto de cuotas
Los eurodiputados piden más cuota para la bajura, porque crea empleo y es la más sostenible.