Bruselas descarta limitar el arbitraje o la vía judicial en las preferentes

Rubén Santamarta Vicente
rubén santamarta REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Lo deja en manos del Estado español, que por su parte pone muy difícil ir contra la quita

29 may 2013 . Actualizado a las 12:02 h.

A escasos días para que miles de gallegos con participaciones preferentes y deuda subordinada sufran una importante quita en sus ahorros, la Comisión Europea ha recordado que el proceso arbitral y la vía judicial siguen abiertas y que, por su parte, no habrá límites para ello. «La Comisión no establece plazos para la resolución judicial o por medio de arbitrajes de las irregularidades que puedan haber surgido en la comercialización de estos instrumentos financieros», apuntan fuentes oficiales del departamento de Competencia, el que regula la reestructuración bancaria española. Esa cuestión es exclusiva «del ordenamiento nacional», dicen en Bruselas. Poner un plazo para dar fin al arbitraje, por ejemplo, sería responsabilidad del Estado español. Y esto último es importante porque, solo en Galicia, hay 43.000 familias pendientes de que se resuelvan sus peticiones.

Lo que no está en discusión para la Comisión Europea es el asunto de las quitas. Son obligatorias, guste o no, y Bruselas está siguiendo este proceso «de cerca». «El canje de híbridos debe respetar lo acordado en el memorando de entendimiento [el documento que regula el rescate bancario] y los planes de reestructuración de los bancos», apuntan esas fuentes.

Las dos alternativas

Juzgado y arbitraje, en todo caso, son vías que siguen abiertas para que miles de clientes puedan reclamar su dinero alegando deficiencias en su comercialización, falta de información, ocultación de datos, ausencia de contrato... A la vía judicial, pese a todo, le ha ido poniendo obstáculos el Gobierno en la ley que regula la reestructuración. Impide que los afectados recurran la quita, salvo que lo hagan ante la Audiencia Nacional, en Madrid, lo que disuade a muchos. Además, esa misma ley permite al FROB (el fondo de rescate que controla la banca nacionalizada) incumplir una sentencia si entiende que provoca un quebranto para el organismo.

Ir contra la quita, por tanto, es complejo. Pero la solución judicial está yendo por otro punto: la deficiente comercialización, el paso inicial, y no la quita, que deviene de aquella mala venta. Conviene recordar que a una y otra alternativa se puede acudir aunque se realice el canje y aunque se vendan las acciones por las que se canjearán.

En todo caso, el arbitraje y el proceso judicial (soluciones alternativas, pero incompatibles) van a velocidades bien distintas, al menos en el caso de Novagalicia. Según sus datos, NCG ha devuelto 309 millones de euros en preferentes y subordinadas a través de estas dos vías, sobre un total de 1.831. Pero el desglose de lo reintegrado es así: 4 millones en demandas judiciales, 305 a través del arbitraje.

Ha habido algo más de 90 sentencias judiciales a favor de los clientes (otras 35 favorables al banco, o anuladas por el afectado), frente a 18.773 casos aceptados para un pacto (un arbitraje). Novagalicia tiene unos 700 juicios pendientes por estos productos, y 62.700 peticiones de arbitrajes. ¿Son muchos todos estos? El 82 % del total con preferentes y subordinadas.