España advierte a Bruselas de que no cederá más en cuestión de descartes

Cristina Porteiro
Cristina Porteiro BRUSELAS / E. LA VOZ

ECONOMÍA

14 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

La reforma de la política pesquera comunitaria (PCP) se ha convertido en una carrera contrarreloj. Las prisas por firmar un acuerdo antes de que finalice en junio la presidencia irlandesa de la UE y la cerrazón de la Eurocámara en las negociaciones a tres bandas con la Comisión y el Consejo, están poniendo a España contra las cuerdas.

El ministro irlandés que preside las reuniones, Simon Coveney, puso ayer sobre la mesa una nueva propuesta para sentarse a negociar una vez más con la Eurocámara. Para ello, ha tenido que hilar muy fino y plantear nuevos requisitos de flexibilidad a los Estados para lograr una nueva posición común y acercar posturas con la Eurocámara: «Les pido compromiso. Es nuestra última oportunidad», aseguró ayer Coveney.

La presión por cumplir con el calendario puede pasar factura a España. El ministro español de pesca, Miguel Arias Cañete, dijo ayer que «pese a lo beneficioso que sería para España aprobar la nueva política bajo presidencia irlandesa, hay algunos puntos en los que la Eurocámara mantiene fija su posición dejando unos márgenes muy estrechos para defender al sector pesquero». Por esa razón, y porque 41.000 empleos directos están en juego, Cañete se enrocó en la defensa de la actual propuesta del Consejo sobre los descartes: «Somos los más perjudicados. La Comisión y el Parlamento lo saben. Nuestros pescadores no descartan por gusto. No disponemos de cuota suficiente, por eso creemos indispensable que se mantengan unas herramientas de flexibilización que eviten cambios traumáticos en el sector». Así, exigió mantener los mínimis en el 7 % (porcentaje permitido de descartes) y el 10 % de flexibilidad entre especies para compensar las capturas accidentales cuando no se dispone de cuota suficiente. A cambio, Cañete se mostró dispuesto a ajustar la capacidad pesquera a los recursos y a alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS) en el 2015. Eso sí, siempre y cuando no provoque un aumento desmesurado del desempleo, porque se postergaría al 2020.

España se juega la actividad de 10.500 buques y 41.000 empleos, según Cañete