El sector pesquero pende de un hilo. Las cosas se han complicado, y mucho, especialmente para la flota gallega. No se trata solo de la incertidumbre sobre los protocolos con Mauritania y Marruecos. La falta de pragmatismo de la Comisión Europea y la Eurocámara a la hora negociar y dar forma a la nueva PCP está siendo letal. En febrero, el ministro Arias Cañete acordó junto a sus homólogos europeos una serie de compromisos pesqueros que colocaron a España en una situación límite. Mientras en Bruselas el responsable español de Pesca se mostraba optimista por las concesiones en materia de flexibilidad que había logrado arrancar del Consejo, en Galicia, el sector no daba crédito a su entusiasmo. Armadores y cofradías coincidían en que lo entonces pactado ponía en peligro la viabilidad de la industria gallega.
Aunque España consiguió un calendario más flexible a la hora de aplicar la prohibición de descartes, la pesquería mixta se verá perjudicada por una normativa que en el mejor de los casos solo le permitirá intercambiar hasta un máximo de 10 % de las capturas accidentales por cuota de especies objetivo. Según argumenta el sector, este porcentaje y la concesión de mínimis, que se irán reduciendo de forma progresiva, no son suficientes para poder compensar el volumen de capturas de especies de bajo interés comercial para la flota.
El problema reside, como apuntó ayer Cañete, en que España no tiene o no dispone de la cuota suficiente para determinadas especies. El reparto desigual favorece a países con una flota mucho más reducida pero con unas posibilidades de pesca más grandes. Esos países no tendrán graves problemas para cumplir con la normativa y evitar sanciones. Su margen de maniobra es mucho más amplio.
España, por el contrario, no puede permitirse más flexibilidad. No puede hacer más concesiones. Ya lo advirtió Cañete a la salida del Consejo de febrero: «No vamos muy holgados», dijo. Algo que volvió a recordar.