España se niega a ver reducidas sus posibilidades de pesca

Cañete denuncia que los descartes son fruto del reparto de cuotas

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Arias Cañete, con su homóloga alemana de Pesca antes de la reunión en Luxemburgo. Nicolas Bouvy efe

España ha dicho basta. El ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, dejó claro ante sus homólogos europeos, reunidos ayer en Luxemburgo, que el Gobierno no está dispuesto a ceder más en política pesquera si se va más allá de lo que es un acuerdo aceptable para la flota española. Esto es, un pacto que permita a España mantener sus posibilidades de pesca y mantener la viabilidad de la industria.

Durante su intervención en la mesa de debate del Consejo, Cañete recordó a su presidente, el irlandés Simon Coveney: «Hemos hecho importantes concesiones en puntos imprescindibles de la política pesquera comunitaria [PCP] para poder llegar a un acuerdo, pero se deberán respetar una serie de condiciones». Para España, la posición del Consejo está en los límites de lo razonable y por eso el Gobierno no dispone de mucho margen para flexibilizar su postura, tal y como quería Coveney. La culpa, según Cañete, es de «la falta de voluntad política para eliminar la causa principal de los descartes: el actual criterio de estabilidad relativa».

En efecto, España dispone del mayor volumen de flota de la UE, pero en el reparto de cuotas, que no se ha modificado desde los ochenta, sale proporcionalmente muy perjudicada. Esta situación, según el ministro, «ha llevado al sector a buscar medidas de flexibilidad para poder seguir desarrollando nuestras pesquerías». Por eso pide que ningún cambio en la postura del Consejo conlleve a «una reducción de las posibilidades de pesca de nuestro país».

El tiempo discurre y se van agotando los plazos para dejar lista la nueva PCP antes de que expire el mandato irlandés. Coveney necesita urgentemente que los ministros cedan en algunos puntos controvertidos en los que no se ha podido llegar a un acuerdo con la Eurocámara, que se ha mostrado «muy dura» en los trílogos, según fuentes comunitarias.

Los socios de la UE están dispuestos a cooperar en cuestiones como la regionalización de la política pesquera o en lo relativo a la gestión de la capacidad de pesca. Sin embargo, la piedra en el zapato del Consejo sigue siendo la prohibición de los descartes, la principal preocupación de la flota gallega.

En este punto, España no está sola. Francia, Bélgica, Italia, Grecia, Polonia y Eslovenia exigen que el Consejo no ceda un ápice ni en los plazos ni en las reglas de mínimis que permiten un porcentaje determinado de descartes en los primeros años de aplicación de la PCP. Además piden que «la obligación de desembarco y los mínimis entren en funcionamiento de forma paralela».

«El statu quo y las modificaciones cosméticas no son convincentes», advierte Alemania a los socios que piden más tiempo y medidas de apoyo para cumplir con los nuevos requisitos.

Mientras, las negociaciones sobre los acuerdos pesqueros con Mauritania y Marruecos siguen encalladas.

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