Pagos de personal, contratos en ejecución y servicios básicos son los tres únicos gastos que se salvan de la congelación
10 abr 2013 . Actualizado a las 00:34 h.- El ministro de Finanzas de Portugal, Vítor Gaspar, ha ordenado congelar los gastos de todos los ministerios y administraciones del país, según publica hoy el periódico Diário Económico.La medida, la más radical aplicada hasta ahora por el Ejecutivo conservador luso con el gasto de los ministerios y dependencias del Estado, es la primera que adopta tras anunciar el domingo pasado nuevos recortes sociales para cubrir 1.300 millones de euros en ahorros que ha declarado ilegales el Tribunal Constitucional.
De la congelación solo se salvan tres tipos de gastos de importe variable: los pagos habituales de personal, los generados por los contratos en ejecución, como los pagos de servicios básicos de agua o luz, y las costas judiciales.
Medidas similares, aunque menos radicales, adoptadas anteriormente por el Gobierno luso para no sobrepasar los márgenes de déficit fiscal, generaron situaciones muy criticadas en servicios públicos que debían afrontar gastos imprevistos o superiores a los presupuestados. Hubo hospitales que se quejaron de no poder renovar equipos y medicamentos, comisarías en las que faltaba el papel, trámites administrativos parados por falta de tinta en las impresoras o películas extranjeras que no podían ser subtituladas y se proyectaban en la filmoteca nacional en lenguas que nadie entendía.
La autorización de gastos no presupuestados en este ejercicio será además «excepcional», según el Ministerio de Finanzas, y en principio solo para partidas que se notifiquen en un plazo tan perentorio que finaliza hoy mismo. El despacho de Finanzas atribuye la medida a la necesidad de corregir los presupuestos por la sentencia, que el pasado viernes consideró inconstitucionales la supresión de una paga extra a los pensionistas y funcionarios, así como recortes del 5 y 6 % en los subsidios de desempleo y enfermedad.
Según el Ministerio de Finanzas, el dictamen del máximo tribunal luso, al que el Gobierno acusa de poner en riesgo la estabilidad financiera del país, crea «serias dificultades» al cumplimiento de las metas fiscales lusas, comprometidas con la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del rescate.Por eso, argumenta, es «necesario» tomar medidas que refuercen el control presupuestario y la contención del gasto público para adaptarlo a una «nueva realidad».