Los ERE aprobados por las grandes empresas destruirán este año 20.000 empleos

Caixabank, Orizonia, Iberia, Vodafone, Suzuki, Roca... El año ha arrancado con la sucesión de gigantescos ajustes de plantilla. Y parece confirmar los peores pronósticos: lejos de suavizarse el ajuste laboral del sector privado, todo apunta a que este cobra fuerza, al menos, en el primer semestre del año. Tampoco existe ningún indicio que permita aventurar un cambio de tendencia para el segundo. Los expedientes de regulación de empleo (ERE) anunciados por grandes empresas nacionales y por los gigantes del sector financiero traerán un mínimo de 20.000 nuevos despidos durante este 2013. Al margen de lo que sucede en las pymes. Lo ocurrido en el arranque de este año, además, ofrece otros síntomas preocupantes. Los ajustes no se circunscriben al ladrillo o a la banca intervenida, sino que azotan a grandes firmas de otros sectores, como el turístico y el transporte, con Iberia y Orizonia como principales exponentes de esa situación.

Con el consumo retraído, con un nivel de paro insostenible en términos sociales, las empresas parecen abocadas a ajustar sus plantillas ante la brusca caída de la demanda. Un hecho que plantea el primer gran interrogante sobre qué efecto está jugando la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Mientras la ministra Fátima Báñez y gran parte de los empresarios advierten de que sin este instrumento se hubiera destruido más empleo y de que pronto se estará en condiciones de volver a contratar, desde los sindicatos creen que el nuevo marco es utilizado por todas las empresas para ajustar, se hallen o no en apuros.

A generar la inmensa ola de destrucción de empleo a la que se enfrenta España este primer semestre contribuye de manera destacada el proceso de ajuste del sector público. Una gran parte de los mayores ERE previstos para este año traerán miles de despidos en la Administración y en las empresas públicas estatales y autonómicas, muchas vinculadas a las infraestructuras o a la comunicación.

Es el caso de Aena, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Ineco, Telemadrid o Radiotelevisión Valenciana. La acelerada destrucción de empleo tanto en el sector público como en el privado ha llevado a que la Generalitat de Cataluña, en manos de CiU y precursora en España de la política de recortes, haya deslizado la posibilidad de introducir cambios en la reforma laboral tras el récord de ERE del 2012.

Sigue la senda del 2012

Respecto a ese año, el Boletín de Estadísticas Laborales revela que los expedientes avalados por las autoridades crecieron un 56,3 %, hasta situarse en 33.075. Durante el 2012, 451.893 trabajadores vieron extinguida, suspendida o reducida su jornada en todo el Estado. Es la cifra más alta desde el 2009. En el caso de Galicia fueron casi 30.000 los trabajadores regulados, récord absoluto, consecuencia de los 2.612 ERE presentados. Un 65 % de los afectados lo fueron por expedientes temporales.

La clase empresarial confía en que la apertura del grifo del crédito tras la reforma del sector financiero contribuya a aliviar la situación en el segundo semestre del año. Pero las entidades, al menos por ahora, no parecen dispuestas a negociar con las empresas condiciones de refinanciación ante los vencimientos de deuda. Según los últimos datos de la encuesta de población activa (EPA), relativa al cuarto trimestre del 2012, Galicia destruyó el último año 46.900 empleos, frente a los 850.000 del conjunto del país. Un dato que para la ministra Báñez confirma algo esperado: que la reforma laboral aceleraría la destrucción de empleo durante el primer tramo de su vigencia para luego cambiar el rumbo. De momento, todo sigue igual. ERE que ERE.

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