El concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa, que desencadenó un auténtico tsunami en el verano del 2008, es hasta la fecha el mayor que se ha producido en España. Simboliza, en gran modo, el estallido de la burbuja inmobiliaria porque fue una suspensión de pagos que dejó 12.000 viviendas sin entregar. El reciente concurso de Reyal Urbis llega en un momento en el que ya se ha producido un gran reajuste del mercado. El grupo de Rafael Santamaría llevaba tres años sin construir y tiene un stock de 780 viviendas sin vender, una cifra muy inferior a la que dejó la suspensión de la empresa de Fernando Martín.

Sin embargo, en octubre pasado, justo cuando Reyal Urbis presentó el preconcurso de acreedores, la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC) hizo público un informe en el que advertía de que España se enfrentaba a una segunda oleada de reajustes del sector inmobiliario. Desde el 2008 hasta el 2012, el pinchazo de la burbuja se llevó por delante 3.600 empresas que se dedicaban a promover y construir pisos. Lo acontecido con Reyal Urbis hace unos días parece ratificar las predicciones que la consultora ha trazado para este 2013. PWC fundamenta el nuevo escenario, la segunda fase de reajustes del sector inmobiliario y la presentación de nuevos concursos, en los cambios del sistema financiero.

Nuevas reglas del juego

Hasta hace bien poco, los bancos habían apostado por refinanciar sus préstamos a las empresas inmobiliarias. Y eso se hacía con un claro objetivo: evitar que las quiebras de las promotoras les obligasen a asumir en sus balances activos que, a consecuencia del pinchazo de la burbuja, habían sufrido una enorme depreciación. Es decir, anotar más y más pérdidas en sus cuentas. Ahora han cambiado las reglas del juego. Y las entidades, por mandato del Gobierno, están obligadas a cubrir en sus balances hasta el 80 % del valor de los préstamos considerados problemáticos. Un escenario que complica las posibilidades de refinanciación.

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