en el congreso

Una pesca sin descartes amenaza de lleno a 150 barcos gallegos

La obligación de descargar todo dejaría rápidamente sin cuota al arrastre

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El sector denuncia que el derrotero que sigue la reforma aboca al amarre definitivo de barcos. m. moralejo

Galicia, como principal potencia pesquera de la UE, será una de las más afectadas por la reforma de la política común de pesca (PCP). Le concernirán todas las medidas, pero unas le incumbirán más que otras. El sector no tiene dudas de que la más perjudicial será la obligación inmediata de descargar todo lo que se capture, a partir del 2014, tal y como apoyan tanto la Comisión Europea como 502 diputados de la Eurocámara. La aplicación de una política de descarte cero, así sin anestesia, amenaza de lleno a unas 150 embarcaciones gallegas, que se corresponden con las que realizan pesquerías mixtas tanto en el caladero nacional como en aguas comunitarias.

Si se tiene en cuenta que esas unidades se refieren a los arrastreros y que, según las estadísticas del Ministerio de Agricultura, los ingresos por la actividad pesquera de las que faenan en el litoral y Gran Sol suman en torno a 250 millones de euros, la economía gallega restaría más de 90 millones de euros, además de perder algo más de un millar de puestos de trabajo.

Políticas incompatibles

«La política de descartes cero es incompatible con el actual sistema de TAC (totales admisibles de captura) y cuotas», subraya José Ramón Fuertes, gerente de la Asociación de Armadores de Vigo (Arvi). «A no ser que se carguen las pesquerías mixtas», como, por otra parte, parece que es lo que se persigue con la propuesta de reforma pesquera.

La cuestión es que, si es obligatorio descargar todo lo que se capture, y que aquella cantidad que se desembarque de un pescado del que se carezca de cuota se descontará de aquellas especies de las que sí se tienen posibilidades, las toneladas concedidas se agotarán en un breve espacio de tiempo.

Eso ocurrirá tanto en el caso de la flota arrastrera de litoral como en la de Gran Sol, con el añadido de que, en este último caladero, la flota española solo dispone de cuota de tres de las nueve especies de interés comercial, con lo que todo lo que entre en la copada de lenguado, eglefino, bacalao, carbonero, merlán o solla se traducirá -habrá unos coeficientes de conversión- en toneladas de gallo, merluza o rape, para realizar la resta. Si a eso se suma que el cupo de rape en Gran Sol supone solo el 3,7 % del total, y que de tener que desembarcar todo se agotará en menos de un trimestre, ya está asegurado el amarre de la flota, al menos hasta que no busquen la fórmula para disponer de más cuota.

La solución fácil

El sector reprocha a la comisaria Maria Damanaki y a los eurodiputados que secundaron su propuesta que se haya decantado «por la solución fácil», la de prohibir los descartes, sin entrar en la búsqueda de posibles soluciones, dice Fuertes. Alterar una estabilidad relativa dibujada hace 30 años es una. Como también lo es abrirse a permitir ciertas capturas incidentales, de forma que en cuanto ese by-catch (capturas accesorias) supere un determinado umbral, el 10 % por ejemplo, haya que cambiar de zona para evitarlo.

Fuertes espera que en las negociaciones tripartitas que se abrirán ahora impere el raciocinio y se flexibilice la propuesta para evitar la destrucción de flota. Ahora bien, admite que es difícil, puesto que son 27 Estados y apenas siete u ocho tienen intereses pesqueros.

Un torero sin ayuda del picador

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, sabe que tiene un toro difícil [la reforma pesquera] con el que tiene que lidiar. Y no le facilita nada las cosas que el picador y los banderilleros ataquen al matador, en vez de al astado. A esta metáfora tauromáquica recurrió ayer Cañete, en la comisión de Agricultura, para reprochar a los socialistas que no hubiesen apoyado las enmiendas favorables a España en la votación de la Eurocámara. «Todos los socialistas votaron en contra de lo que el sector pesquero dice y de lo defendido en el Consejo de la UE», apuntó, lo que pone «muy difícil» la posición española en lo que queda de negociación sobre la política pesquera.

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