El dinero del pueblo

foto de Albino Prada
Valoración Con: 1 estrella 2 estrellas 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas   votos ¡Gracias! Envíando datos... Espere, por favor.

El reciente acuerdo entre los dos grandes partidos políticos del Estado para arbitrar una solución al conflicto social que ha provocado en el sector financiero la colocación de las conocidas como participaciones preferentes (se estima que al menos a 300.000 personas) me merece tres consideraciones de fondo.

A los afectados para los que el arbitraje determine que la comercialización fue adecuada, que respondan como prestamistas de la entidad correspondiente, asumiendo la quita derivada de las multimillonarias pérdidas que obligaron a su nacionalización. Siendo así, no se trataría de depositantes (que tienen su ahorro protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos, pero que no reciben un rendimiento tan alto) sino prestamistas inversores que, como tales, asumen el riesgo. Sería un disparate que sus quebrantos los pagásemos todos a través de la deuda pública que se come el rescate y la nacionalización bancaria. Solo así podemos reclamar coherentemente, por ejemplo, que todos los prestamistas hipotecarios asuman parte de las pérdidas del mercado inmobiliario, aceptando la dación en pago de sus hipotecados. Porque también, como inversores, contraen no menos riesgo que aquellos.

En segundo lugar, a las personas que el arbitraje certifique una mala o incorrecta comercialización, que se les considere depositantes a todos los efectos con derecho a recuperar sus ahorros con la rentabilidad de una cuenta de ahorro. Ello obligará a que, para que recuperen su dinero, o bien se recurra al Fondo de Garantía de Depósitos o bien -dadas las actuales circunstancias de las entidades afectadas- a una mayor disposición de los fondos europeos para el rescate bancario. Es decir, que de los impuestos pagados por buena parte de los ciudadanos (dinero del pueblo) se les restituyan sus ahorros.

Y en tercer lugar, como quiera que en la comisión de seguimiento del mecanismo de arbitraje que certifique estas malas comercializaciones se encuentra la presidenta de la CNMV y, en la vicepresidencia, un miembro del Banco de España (órganos que eran en su momento los supervisores de la comercialización de preferentes), que la Fiscalía General del Estado actúe de oficio contra los responsables de ambas instituciones, y contra los directivos y responsables de las entidades, que en su momento permitieron o impulsaron un proceso de engaño masivo.