desde que fuera anunciada por Rajoy a mediados del 2012 para cuadrar el objetivo de déficit, la supresión de la extra de Navidad a todos los funcionarios públicos ha sido una constante fuente de controversia. Sobre todo desde aquellas Administraciones gobernadas por partidos distintos al PP. Autonomías y ayuntamientos de toda España han lanzado pulsos al Ejecutivo central con distintas vías para rebelarse contra la medida.
El primero en anunciar su insumisión al decreto que Rajoy aprobó en julio fue el País Vasco, que optó por ir de frente y garantizar que todos sus empleados públicos cobrarían la paga en diciembre. Después de que el Gobierno central presentara un conflicto de competencia ante el desafío, el pasado 11 de diciembre el Constitucional paralizaba el pago de la extraordinaria navideña a los empleados públicos vascos. Quizás mejor orientadas por sus asesorías jurídicas, y en aras de cumplir el decreto de Rajoy, otras comunidades, como Navarra o Extremadura (gobernada por el PP) optaron por mitigar el impacto de la medida por otra vía: adelantar la paga de junio del 2013 a enero de este mismo año. Una alternativa que no garantiza la reposición de la extraordinaria suprimida. En Extremadura, las dos pagas extras anuales (junio y diciembre) pasan a cobrarse en enero y julio. Y así sucesivamente hasta el 2015, cuando el Estado compense la paga que les falta con la correspondiente aportación en forma de fondo de pensiones.
En Galicia, con una Xunta que no ha cuestionado la medida, la voz vino de los ayuntamientos. La primera fuerza en anunciar su rebelión contra la norma fue el BNG. Su portavoz avanzó el pasado mes de julio que todas las corporaciones en manos nacionalistas abonarían la extra. Pontevedra, la única ciudad que gobierna el Bloque, abonó en diciembre un plus de productividad a sus empleados que compensaba la eliminación de la extraordinaria, medida recurrida por el Gobierno al entender que se camuflaba con una argucia lo que era un flagrante incumplimiento de la regulación vigente. El último episodio tuvo lugar en Vigo hace apenas unos días. Los tres grupos políticos aprobaron por unanimidad la ampliación del fondo social con el que se colabora con los trabajadores públicos en determinados supuestos. De esta forma, los 300.000 euros anuales con los que está dotado pasarán en el 2013 a 1,5 millones. Aunque oficialmente se busca mejorar las ayudas que el Concello da a su personal para asuntos sociosanitarios no cubiertos por la Seguridad Social o gastos de formación, todas las partes, sindicatos incluidos, lo consideran una compensación por la anulación de la extra de la pasada Navidad.
En Galicia, otros concellos como Bueu, Poio, A Illa, Riotorto y Caldas han acordado pagar un plus de productividad a su personal, la misma fórmula seguida en Pontevedra.
Pero otros ayuntamientos del PP, como A Estrada, Toques o Touro han mitigado la supresión de la extra, en parte, por la vía de los complementos de productividad. La precaria situación que atraviesan muchas haciendas locales, lastradas por la caída de ingresos y por el recorte de transferencias del Estado, ha abocado a varios ayuntamientos a dar marcha atrás en sus promesas salariales a sus trabajadores.