Técnicos de la Xunta revelan que se incumple la ley en el concurso eólico
ECONOMÍA
Destapan cambios en los proyectos que alterarían el criterio inicial para otorgar molinos
11 ene 2013 . Actualizado a las 14:58 h.El proceso de tramitación del concurso eólico que aprobó el PP para derogar el proyecto del bipartito se ha convertido en la gran patata caliente que tiene entre las manos el nuevo conselleiro de Economía, Francisco Conde. Un informe elaborado por dos ingenieros de la Xunta, pertenecientes a la delegación territorial de la consellería en A Coruña y fechado el pasado 16 de noviembre, advierte de que se han producido «omisiones e incumplimientos en la legislación vigente» a la hora de tramitar los expedientes de los parques. Y pone el acento en modificaciones de los proyectos inicialmente presentados que alterarían el resultado del concurso, toda vez que los megavatios se adjudicaron en base a unos criterios ahora alterados.
La polémica se remonta a marzo del 2012. Entonces, ante informes internos de funcionarios de la Xunta que advertían de modificaciones en algunos parques eólicos, el actual director xeral de Industria, Bernardo Tahoces, «en aras de dar una mayor celeridad» al concurso, ordenó postergar la presentación de esos documentos a una vez concluido el trámite de información pública y evitar así una avalancha de alegaciones. Una resolución que admite los cambios en los proyectos y que el informe de los ingenieros de Industria en A Coruña considera «contraria a derecho», concretamente a la Ley 8/2009, impulsada por el actual Ejecutivo de Feijoo para regular el aprovechamiento eólico en Galicia.
Las dudas
El informe de la tramitación de los parques, fechado a punto de concluir el pasado año, incluye algunos párrafos que ponen en entredicho la legalidad del proceso. «Por parte de otros promotores se han presentado proyectos de ejecución de las instalaciones de conexión que consisten en meros anteproyectos sin definición técnica, ni documento de inicio para la tramitación ambiental, ni relación de bienes y derechos afectados ni proyecto sectorial etc... justificándose en que desconocen la viabilidad de las evacuaciones de sus parques; resulta una obviedad manifestar la obligatoriedad de aportar la documentación, y que según establece la Ley 8/2009 artículo 36, apartado 3, debería haberse requerido para su presentación en el plazo de diez días», explican los técnicos. Es decir, justo lo que no se hizo a raíz de la resolución dictada por Tahoces a mediados de marzo del 2012.
Preguntada al respecto, Economía e Industria advierte de que este no es un informe «preceptivo» y que se trata de un documento que los técnicos de A Coruña, voluntariamente, decidieron adjuntar a las consultas que sí forman parte de la tramitación. «Se trata de unas apreciaciones que exceden a las competencias que tienen encomendadas; de todas formas los técnicos de la Dirección Xeral de Industria ya han rebatido todos los puntos en una contestación que se les ha enviado», precisaron ayer desde el departamento que dirige Conde.
La elaboración de este informe ha desencadenado un enorme revuelo interno en la Consellería de Economía e Industria y siembra dudas sobre el modo en que se están tramitando los parques, hechos que podrían desencadenar futuros recursos de empresas que pudieran verse perjudicadas.