Los concellos cerraron el 2011 con un déficit de 61 millones, y las diputaciones, 111. El sistema de financiación penaliza a los municipios gallegos, que reciben del Estado 114 millones menos de lo que les correspondería por su población
16 dic 2012 . Actualizado a las 22:37 h.Están en el punto de mira de las políticas de reducción del gasto público y promoción de la disciplina presupuestaria que pretende impulsar el Gobierno central. Sobre sus cargos pesa la amenaza de un recorte que podría afectar al 30 % (1.150 de los 3.811 ediles) y una regulación retributiva que no acaba de cristalizar. Pero a los concellos siguen sin cuadrarles las cuentas. Los ayuntamientos gallegos gastaron el año pasado 61 millones de euros más de los que ingresaron. De los 315 concellos, 173 cerraron el 2011 con déficit. En la mayoría de los casos, la partida destinada al pago de nóminas es la más abultada. Estos y otros muchos datos, como los relativos a la tradicional inhibición fiscal, dejan en evidencia una gestión que es manifiestamente mejorable, aunque los concellos también tienen motivos de queja, con un sistema de financiación por el que reciben del Estado 114 millones menos de lo que les correspondería por su peso poblacional.
Las arcas locales tuvieron su época dorada al calor de la burbuja inmobiliaria
La fuerte caída de los ingresos incide en los desajustes que arrastran las arcas municipales. En el plano recaudatorio, el mayor impacto procede de la drástica reducción del impuesto que brindó a los ayuntamientos su época de mayor prosperidad al calor de la burbuja inmobiliaria, el que grava las construcciones, instalaciones y obras (icio). Aunque los concellos han recibido este año un balón de oxígeno en el ámbito fiscal con la subida del impuesto de bienes inmuebles (IBI). El repunte del tributo, que en Galicia puede llegar incluso al 50 % por ser la comunidad con tipos impositivos más reducidos, aumentará la recaudación por esta vía en 50 millones. Los 315 concellos gallegos ingresarán más de 400 millones del IBI, lo que contribuirá a aproximar su capacidad de recaudación (137 euros de media por habitante en el 2009) a la media de los 8.116 ayuntamientos españoles (215 euros).
A las tribulaciones recaudatorias hay que sumar el golpe que representa la merma en los ingresos que los municipios reciben del Estado. La caída global de los ingresos estatales, que asciende este año a 383 millones de euros, restará a los ayuntamientos gallegos 21 millones, lo que reduce la parte de la tarta de 177 a 170 euros por habitante.
En este contexto restrictivo, la mayoría de los concellos presentan unas cuentas deficitarias. Según los datos remitidos a Hacienda, cerraron las cuentas del 2011 con unos ingresos de 2.218 millones y unos gastos de 2.279, lo que arroja un déficit global de 61 millones. Los números rojos se triplican con los de las diputaciones, que gastaron 111,5 millones más de los que entraron en sus arcas. La gestión de los organismos provinciales arroja las mayores desviaciones en Lugo (53 millones) y Pontevedra (52). La Diputación de A Coruña cerró el 2011 con un déficit de 12,3 millones. La excepción fue la de Ourense, que gastó 6 millones menos de los que ingresó. Aunque su plantilla sigue siendo la que sale más cara a sus administrados, pese a recortar este año 3,3 millones de los 32,4 que dedicó a nóminas en el 2011.
De esos 173 concellos que cerraron las cuentas del 2011 en rojo, 139 incorporan medidas correctoras en las previsiones presupuestarias de este ejercicio. Con todo, 25 de ellos perseveran en la misma dinámica y contemplan un nuevo incremento de los gastos en este 2012. También las diputaciones han tomado nota y computan unos recortes de sus partidas de gasto que suman 182 millones entre los cuatro organismos.
Los municipios han tenido este año dos vías de oxígeno: la subida del IBI y el plan de pago a proovedores
Estas estrecheces contables y la deuda acumulada han encontrado este año un alivio en el plan de pago a proveedores activado por Hacienda, por el que más de 180 concellos han recibido un anticipo de 200 millones para saldar las deudas que tenían pendientes con más de 6.000 empresas. Este programa ha permitido abonar 110.000 facturas que se amontonaban en los cajones de las entidades locales gallegas.
Los concellos están especialmente interesados en la reforma de una financiación lesiva. Los criterios de participación en los ingresos del Estado, que suponen el 25 % de los recursos de los municipios, aportan este año a los 315 concellos 475,5 millones. Esa parte de la tarta equivale al 5,08 % de los 9.360 millones que se repartirán entre los 8.116 ayuntamientos españoles. Si esa distribución tuviera en cuenta el peso poblacional, los municipios gallegos recibirían el 6,30 %, con lo que ingresarían por esa vía 114 millones más. El sistema favorece a los ayuntamientos más poblados, con Madrid y Cataluña como las comunidades más beneficiadas. Entre las dos coparán este año 3.776 de los 9.360 millones. Mientras los concellos gallegos reciben del Estado una media de 170 euros por habitante, los madrileños obtienen 282, y los catalanes, 257. Galicia también queda por detrás de Aragón (234), Andalucía (197), Valencia (193), Asturias (184) y Canarias (180).
Este criterio ayuda a que, también dentro de Galicia, los concellos con un censo mayor obtengan una porción más grande del pastel. Ese criterio es el que permite a Vigo, A Coruña y Ourense recibir del Estado 210 euros por habitante, frente a los 187 que ingresan Santiago, Lugo, Ferrol y Pontevedra, y los 144 que obtienen los municipios de entre 1.000 y 5.000 vecinos. Para mitigar este desajuste, los municipios menos poblados disponen del fondo de cooperación local de la Administración gallega, que está dotado este año con 114 millones.