BBVA, La Caixa y Sabadell se llevaron 70.000 millones en depósitos y 10.700 en ayudas con estas operaciones, como la que el FROB quiere para NCG
07 dic 2012 . Actualizado a las 13:29 h.La fórmula un banco, un euro ha servido ya para dar salida a tres entidades financieras intervenidas (Unnim, CAM y Banco de Valencia) que se han ido, por ese euro, otros tantos competidores (BBVA, Sabadell y La Caixa, respectivamente). Pero esa fórmula está teniendo un impacto notable en el empleo en el sector financiero, aquel que en otros momentos era sinónimo de estabilidad. Los compradores de esos bancos han previsto -o comenzado a ejecutar, como el Sabadell- la salida de casi 3.500 empleados, prácticamente todos ellos procedentes de la entidad que fue subastada.
El agujero en las plantillas es notable, aunque en el caso de las ventas de Unnim y CAM se ha hecho previo acuerdo con la representación de los trabajadores para consensuar fórmulas voluntarias para las salidas: prejubilaciones por encima de los 55 años, bajas incentivadas, excedencias... En el Banco de Valencia aún no se han iniciado las conversaciones para el cierre de oficinas y salida de plantilla, pero las fuentes sindicales consultadas estiman que el comprador, La Caixa (o Caixabank, como se denomina la división financiera del grupo), cerrará alrededor del 80 % de sucursales (hay duplicidades en Levante y parte de Cataluña) y reducirá la masa laboral a la mitad. Es decir, entre 800 y 1.000 empleos. El Banco de Valencia ya había anunciado la salida de casi medio millar de empleados antes de que el FROB decidiera adjudicar, por vía de urgencia,
De todas las operaciones de recorte, la mayor es la aprobada hasta ahora por el Sabadell para la CAM: 1.250 trabajadores (inicialmente se contemplaban casi 1.800) a la calle, de los 6.300 que tenía la antigua caja alicantina. En Unnim el BBVA anunció un adelgazamiento de plantilla en casi un tercio, de 3.100 a 1.900.
Mantener los beneficios
La reducción de empleo resulta imprescindible, según los compradores, para mantener unos niveles de eficiencia y rentabilidad adecuados, y para permitir que el banco siga dando beneficios año a año y reporte dividendos a sus accionistas.
Antes de realizar esa poda en el empleo, BBVA, Sabadell y La Caixa (tres de las cinco grandes entidades españolas) han recibido unas buenas ayudas para abordar las absorciones, ayudas que suman de forma directa 10.700 millones de euros, al margen de los blindajes contra pérdidas que ha dispuesto el FROB (el fondo de rescate) para evitar mayores quebrantos a los grandes compradores. «El negocio les está saliendo bien, se llevan barato entidades saneadas, con un fuerte asentamiento en sus regiones y se cubren ante el futuro», apunta un veterano sindicalista. Las tres subastadas en los últimos 12 meses suman casi 70.000 millones en depósitos (la mayoría, cuentas a plazo de particulares) que se controlan ahora en Madrid y Barcelona (sedes de BBVA, Sabadell y La Caixa) por ese simbólico euro. Esta misma semana ha trascendido el enfado con el Gobierno de empresarios levantinos por la venta de CAM y Banco de Valencia a firmas asentadas en Cataluña.
Las próximas operaciones
La venta de esas tres entidades controladas por el Estado no exigió garantías de empleo. Y tampoco las habrá para las pujas que vendrán. De entrada porque Bruselas, la que pone ahora el dinero, exige precisamente una reducción de plantillas en los bancos rescatados. En la actualidad hay uno colocado a la venta, Catalunya Caixa, que se adjudicará en el primer trimestre del 2013, posiblemente con la misma fórmula. Esta entidad catalana tiene más de 6.500 empleados, 37 de ellos en Galicia, según datos del sindicato Csica.
Ese plan, el de la subasta, es el que quieren el FROB (Banco de España y Ministerio de Economía) y la Comisión Europea para Novagalicia: una puja competitiva para adjudicarla a «otra entidad financiera» tras realizar un fuerte saneamiento y enviar sus activos tóxicos al banco malo. La entidad -que este mes recibirá 5.425 millones de Bruselas- ya ha anunciado un máximo de 2.500 despidos en 24 meses. Aún no ha iniciado conversaciones con los sindicatos.