La de ayer fue una jornada que Díaz Ferrán querría olvidar. Después de declarar en la Audiencia Nacional, a donde llegó en un furgón policial a primera hora de la mañana, fue trasladado del mismo modo a los juzgados de Plaza de Castilla. Allí debía declarar, de nuevo como imputado y junto con el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, sobre un crédito de 26,6 millones de euros recibido de la entidad cuando el expresidente de la CEOE era consejero de aquella entidad.
El sindicato Manos Limpias denunció en su día a ambos por considerarlos autores de delitos societarios, falsedad documental y estafa, al entender que el citado préstamo a Air Comet -aerolínea de Díaz Ferrán, ya en quiebra- no reunía las condiciones legales y vulneraba la ley de cajas, al no tener las garantías requeridas.
Tanto Blesa, que declaró por espacio de dos horas, como Díaz Ferrán, que lo hizo durante algo menos tras el expresidente de Caja Madrid, defendieron la legalidad del crédito, argumentando que reunía todas las garantías y cumplía los trámites exigidos. Ante el juez José Silva, titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, Blesa subrayó que el consejo de administración conocía la concesión del préstamo de 26,6 millones y que fue autorizado previamente por la Comunidad de Madrid, como marca la legislación.
Por su parte, el que fuera presidente de la patronal aseguró que abonó el crédito con el dinero procedente de la venta de la concesión del servicio de autobuses de Alcalá de Henares, en Madrid, según indicaron fuentes jurídicas.
Pero este extremo choca con lo manifestado por Blesa, ya que a Díaz Ferrán se le abrió un expediente para que explicara por qué no estaba haciendo frente a la devolución. Finalmente fue sustituido en el consejo de administración de la caja por Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE.
El expresidente de la caja madrileña también indicó que en el 2009 se trató de refinanciar aquel préstamo, algo que finalmente no se hizo tras detectar que las acciones de Viajes Marsans, que servían de aval, estaba pignoradas ya a favor de Banesto.
Ayer la acusación particular solicitó prisión con fianza de 2,6 millones de euros para ambos imputados, y subsidiariamente la retirada del pasaporte. Ambas medidas cautelares fueron rechazadas en primera instancia. Pese a ello, Díaz Ferrán no pudo evitar pasar la noche en la cárcel de Soto del Real, a donde estaba previsto que se le trasladara desde Plaza de Castilla.