Competencia sancionó en el 2009 a las petroleras por imponer tarifas a las gasolineras
22 nov 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Las tres grandes petroleras que manejan el mercado de los carburantes en España están en el ojo del huracán. La Comisión Nacional de la Competencia, organismo que vela por que el libre mercado haga honor a su nombre, tiene sospechas ciertas de que las tres se ponen de acuerdo para fijar los precios de los carburantes y, por tanto, hacen y deshacen a su gusto, pero esto es «imposible de demostrar». Lo que sí ha probado la comisión, ya en el 2009, es que las tres dictan a las gasolineras que no gestionan pero que lucen sus banderas los precios de venta al público. Es decir, competencia, poca. Y el 30 de julio de hace tres años resolvió el vigía del mercado imponerles multas millonarias. A Repsol, 5 millones; Cepsa, 1,8 millones; y BP, 1,1 millones.
Las operadoras interpusieron recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional. Y esta acaba de resolver que Competencia hizo lo que tenía que hacer, al menos, de momento, con Repsol y BP, y que sus resoluciones se ajustan a derecho. Falta la sentencia de Cepsa, pero es más que previsible que sea casi idéntica.
Queda el recurso al Supremo
Competencia espera ahora que las petroleras utilicen la última vía que tienen para defenderse: el Tribunal Supremo. Fuentes de Repsol informaron ayer de que todavía estaban analizando la resolución de la Audiencia y que no existía una determinación tomada. Si recurren ganarán tiempo para no pagar las multas, pero si lo hacen y el Supremo da la razón de nuevo a Competencia tendrán que rascarse el bolsillo «sí o sí» y pagar los casi ocho millones de euros que suman las tres sanciones.
Competencia detectó que «las operadoras estarían controlando los precios de venta al público de las estaciones de servicio bajo su bandera, para evitar la competencia en precios entre las estaciones de su red, a lo que se une la fijación directa de precios que sí está permitida en las estaciones gestionadas por la propia operadora». El distribuidor minorista no tendría libertad para fijar sus tarifas.