El juez impone 10,5 millones de euros de fianza a cuatro ex directivos de la caja gallega
ECONOMÍA
Requiere la misma cantidad al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso como responsable solidario. El magistrado aprecia indicios de «criminalidad suficiente» en la actuación de los responsables de la entidad para mejorar sus contratos «en su propio beneficio»
07 nov 2012 . Actualizado a las 02:03 h.El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha impuesto fianzas que suman un total de 10,5 millones de euros a los cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) que cobraron las indemnizaciones millonarias por su salida del grupo, de las que también deberá responder el excopresidente de la entidad, Julio Fernández Gayoso como responsable solidario. En un auto publicado dictado ayer, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 fija la mayor fianza, de 7,02 millones de euros, al exdirectivo procedente de Caixa Galicia Javier García de Paredes, mientras que el exdirector general de Caixanova José Luis Pego deberá abonar 1,92 millones de euros, Óscar Rodríguez Estrada 347.000 euros y Gregorio Gorriarán Laza 1,21 millones de euros.
El depósito de estas cantidades tiene por objeto «asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivada de esta causa». En caso de que no se abone la cantidad requerida, se procederá al embargo de bienes por la cantidad reclamada. Los afectados disponen de tres días para interponer un recurso.
El juez Ismael Moreno aprecia indicios de «criminalidad suficiente» en la actuación de los cuatro exdirectivos que, en cooperación necesaria con el excopresidente de NCG Julio Fernández Gayoso, acordaron mejorar sus contratos de alta dirección «en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad» tras la fusión de Caixanova y Caixa Galicia. De esta forma, cuando se materializó su abandono del la entidad peribieron elevadas sumas «al amparo de las mejoras introducidas en sus contratos». Según el juez, haciendo un abuso de su cargo y siendo conocedores de la crítica situación por la que atravesaba NCG dispusieron «fraudulentamente de bienes de la misma. El auto recoge que esta conducta puede ser constitutiva de un delito de societario calificado como apropiación indebida.
En su momento, los directivos ahora imputados cobraron en total 18,6 millones de euros, de los cuales unos 7,8 lo habrían percibido de forma indebida.
El auto tiene lugar después de que a lo largo del mes de octubre los ex responsables de la entidad prestaran declaración. El resultado de aquellas comparecencias fue que Gayoso, Pego, Gorriarán y Estrada deben presentarse cada 15 días ante el juzgado. Esta medida, sin embargo, no le fue impuesta a García de Paredes.