Diez mandamientos para salir del foso de la depresión económica

Juan Arjona

ECONOMÍA

Casi la mitad del déficit público es atribuible al desplome de los ingresos. Los Presupuestos del Estado son el aperitivo de una nueva ensalada de recortes. La tasa de paro prevista para este año ya ha sido superada

29 oct 2012 . Actualizado a las 15:19 h.

Diez tareas tiene el Gobierno -y el conjunto de la sociedad española- por delante. Algunas en fase de realización, otras ni siquiera esbozadas, pero todas imprescindibles. Los ritmos y la jerarquización de esa decena de desafíos son cuestionables y cada escuela los ordenaría de forma distinta. Muchos sostendrán que el decálogo ofrece medidas difícilmente conciliables y que, por tanto, habrá que aplazar unas mientras se despliegan las otras. Y tal vez tengan razón. Pero ninguno de los diez mandamientos que proponemos es irrelevante para arrancar a la economía española del foso de la depresión.

Decidirás sobre el rescate cuanto antes

Los mercados desconfían de la solvencia de España y, en consecuencia, solo le prestan dinero a tipos de interés muy elevados. La prima de riesgo, termómetro que mide el grado de desconfianza, ha vuelto a encaramarse por encima de los 400 puntos básicos. Y esto suscita más preguntas que respuestas: ¿Puede el país seguir financiándose exclusivamente en el mercado, sabiendo que el BCE no moverá un dedo si no se le pide formalmente? ¿Hasta qué punto puede soportar el incremento del gasto por intereses? ¿Qué ocurre si cualquier traspiés -desviación del objetivo de déficit, por ejemplo- dispara de nuevo la prima de riesgo? Si al final hay que recurrir a la UCI, todo retraso tiene un coste.

En el otro lado tampoco regalan duros a cuatro pesetas. Ayudan a cambio de condiciones. Un inversor privado mira lo que haces: si le gusta, te presta dinero barato; si no le gusta, te exige intereses de usura. El fondo de rescate (el MEDE) no solo mira lo que haces: te dice lo que tienes que hacer. Y lo que manda hacer suele ser desagradable.

Por eso se comprende la peliaguda disyuntiva del Gobierno: ¿Cuál es el coste más soportable?, ¿el que exigen los mercados o el que imponen los socios? En cualquier caso, sea cual sea la decisión final, el Gobierno debe despejar la incertidumbre con urgencia.

Domesticarás el déficit

España, de acuerdo con la última revisión, cerró el pasado ejercicio con un déficit público del 9,4 % del PIB. En toda la eurozona, solo Irlanda superó esa cota. ¿Alguien se acuerda del objetivo inicial, calificado de «sagrado» por el anterior gobernador del Banco de España? Era del 6 %. Para este año, después de que Bruselas tuviese que refrenar su quimera, se ha fijado en el 6,3 %. Y tampoco se cumplirá: así lo creen el FMI, el Banco de España, la CEOE y Funcas. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), las posibilidades de conseguir el objetivo son «mínimas» y, si el Gobierno opta por revalorizar las pensiones, las posibilidades son «nulas».

Las continuas rectificaciones e incumplimientos ponen en solfa el credo de la austeridad a ultranza. Nadie duda de la necesidad de rebajar el déficit público. Pero intentar hacerlo en plena depresión económica, a velocidad de crucero y rebanando el gasto público de forma inmisericorde conduce directamente al fracaso. El tiro sale por la culata porque tal vez hemos invertido la secuencia: ¿reducir el déficit para generar crecimiento o generar crecimiento para reducir el déficit?

Reformarás el sistema fiscal y perseguirás el fraude

Resulta especialmente llamativo que, entre la panoplia de reformas acometidas -mercado laboral, sistema financiero, pensiones-, no hubiera lugar para una revisión en profundidad del sistema fiscal y un ambicioso plan para combatir el fraude a Hacienda. Olvido especialmente significativo en el caso de dos gobiernos -este y el anterior- que situaron la lucha contra el déficit público al frente de sus prioridades.

Casi la mitad del desequlibrio arrostrado por las cuentas públicas desde el inicio de la crisis recae sobre la caída de la recaudación. Entre el 2007 y el 2011, las administraciones públicas españolas pasaron de registrar un superávit del 1,9 % del PIB a un déficit del 9,4 %. Once puntos de deterioro, de los cuales más de cinco son atribuibles al descalabro de los ingresos. Esa merma solo es achacable en parte al descenso de la actividad económica. De hecho, en el conjunto de la eurozona, los ingresos públicos no cayeron: pasaron del 45,3 % del PIB al 45,4 %. En España, en esos cuatro años, del 41,1 % al 35,7 %.

Y, sin embargo, y a pesar de que todas las estimaciones subrayan el enorme volumen de economía sumergida en España, nada se ha hecho al respecto. Peor aún: se ha aprobado una amnistía fiscal tan injusta socialmente como improductiva financieramente.

Darás credibilidad a las cuentas públicas

Aparte del Gobierno, muy pocos confían en la consistencia de las cuentas del Estado para el año que viene. Los críticos más condescendientes advierten de que las previsiones de ingresos y gastos rebosan optimismo a raudales. La oposición más frontal tilda el proyecto presupuestario de ficticio y de imposible cumplimiento.

Al margen de que la desviación sea mayor o menor al rematar el ejercicio, la escasa o nula credibilidad de las cifras tiene implicaciones negativas. Primero, porque alimenta la desconfianza sobre la solvencia del país. ¿Qué hace un banco cuando no se cree la previsión de ingresos que le presenta el solicitante de un préstamo? Y segundo, porque genera la expectativa de próximos ajustes fiscales para amoldar las previsiones a la dura realidad. Los Presupuestos no serían, en este sentido, más que el aperitivo de una nueva ensalada de recortes de gasto y subidas de impuestos.

Culminarás el saneamiento de la banca

El endeudamiento total del país alcanza cotas estratosféricas: cerca de tres billones de euros. De ellos, más de dos billones figuran en los balances bancarios, fruto de su desmedido apalancamiento en los quince años previos a la crisis. La mayor parte de esa deuda ha sido contraída con prestamistas internacionales, bancos alemanes y franceses sobre todo.

Ahora toca desapalancar. Digerir las toneladas de ladrillo que atiborran el estómago de la banca e inyectarle capital en vena. Ese es el objetivo de la enésima reforma financiera, actualmente en marcha. El coste de la recapitalización supera los 53.000 millones de euros, según el informe de la consultora Oliver Wyman. El Gobierno espera aportar no más de 40.000 millones, que seguirán engordando la deuda pública y las cargas financieras, y el resto correría a cargo de los inversores privados.

La operación de saneamiento suscita dos cuestiones fundamentales: ¿Recaerá su coste sobre las espaldas del contribuyente o, como se asegura desde instancias oficiales, la banca devolverá hasta el último euro recibido? Y más importante todavía: ¿Permitirá reanudar el flujo de crédito para devolver el pulso a la economía española?

Harás bueno el «banco malo»

Como una pieza fundamental del saneamiento del sector, el Gobierno ha dado cuerda al «banco malo». La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria -Sareb, en acrónimo-, cuyo capital debería ser aportado casi a partes iguales por el Estado y los inversores privados, debería comenzar a funcionar a principios del año próximo. Su filosofía se asemeja a la de cualquier comerciante. Primero, adquirir a bajo coste los activos tóxicos de las entidades financieras con problemas -se habla de rebajas del 85 % en suelo y del 52 % en vivienda- y, después, en cuanto repunte mínimamente el mercado, vender suelo e inmuebles a precios más elevados.

La conciliación de intereses dista, sin embargo, de ser tarea sencilla. Los bancos sanos tendrán que igualar los precios de venta que fije la Sareb para deshacerse de su stock de activos y temen que Hacienda les obligue a provisionar -una vez más- la diferencia. El sector inmobiliario puede sufrir la competencia del banco malo en forma de una nueva oleada de quiebras y concursos de acreedores. Y el bolsillo de los contribuyentes -accionistas de casi la mitad del banco malo, según la previsión oficial- queda a expensas de que la Sareb sea rentable. El encaje parece difícil.

Pagarás las pensiones y el desempleo

El desequilibrio del presupuesto de la Seguridad Social siembra serias dudas acerca de la sostenibilidad de dos capítulos de gasto especialmente sensibles: pensiones y prestaciones por desempleo. El desplome del número de cotizantes reduce los ingresos y el incremento de las cifras de jubilados y parados aumenta los gastos. Hasta ahora, el Estado ha tenido que acudir en auxilio del sistema, pero, a pesar de la ayuda, la Seguridad Social cerrará este año con un déficit de unos 10.500 millones de euros. De la previsible desviación del objetivo de déficit público este año, la Seguridad Social, por sí sola, aportará un punto.

Las perspectivas para el año próximo son todavía peores. Las cantidades presupuestadas no alcanzan para pagar pensiones y desempleo. Y una de dos: o el Gobierno decide congelar las pensiones y meter de nuevo la tijera a las prestaciones por desempleo, o pronto comenzamos a hablar de recortes en otras áreas, de créditos extraordinarios y de echar mano a la hucha de los ahorros.

Impulsarás el crecimiento y el empleo

Toda la estrategia del Gobierno descansa sobre un escenario macroeconómico que amenaza con venirse estrepitosamente abajo. Sus previsiones son desmontadas, día a día, por cada dato nuevo. Estima que la economía española experimentará una mejoría el año próximo -ligero traspiés del 0,5 % frente a un retroceso del 1,5 % este año-, mientras que el Fondo Monetario Internacional casi triplica -caída del 1,3 %- la magnitud de la depresión y advierte de que las políticas de austeridad están provocando más destrozos de lo que antes creía.

Basta observar la última encuesta de población activa (EPA) para comprobar que las previsiones oficiales en materia de empleo tienen la misma consistencia que un castillo de naipes. El Gobierno espera acabar este año con una tasa de paro del 24,6 % y ya en el tercer trimestre más del 25 % de la población activa estaba desempleada.

Corregirás las desigualdades de renta

España es el país de la eurozona donde más han crecido las desigualdades de renta desde el inicio de la crisis. Los datos publicados por Eurostat son demoledores. En el 2007, la quinta parte más pobre de los españoles obtenía el 7,3 % de los ingresos disponibles y en el 2011 se conformaban con solo el 5,9 %. En el otro extremo, la quinta parte más rica aumentó su participación en los ingresos del 38,6 % al 39,9 %. Dicho de otra forma, la renta de los más ricos era 5,3 veces mayor que la de los más pobres al inicio de la crisis y hoy es 6,8 veces superior.

La falta de equidad en el reparto de la riqueza constituye una injusticia. Supone también un lastre económico porque reduce la demanda de bienes y servicios, ya que la propension al consumo es menor en las rentas más altas. Y en el actual contexto de recesión significa que el coste del ajuste está recayendo, sobre todo, en las espaldas más modestas.

Negociarás otra política europea

Ningún país europeo, y menos aún España, es capaz de afrontar en solitario los desafíos expuestos. Necesita ayuda y necesita que la nave del euro modifique su rumbo. Para salir del hoyo, España precisa, como mínimo, tres cambios en la política europea: a) que la devaluación interna se acompañe de un cierto grado de inflación en Alemania y otros países con grandes superávit, para así compartir los costes del ajuste; b) que los plazos y objetivos del ajuste se flexibilicen, para no estrangular aún más la economía, y c) que la austeridad dé paso a planes de crecimiento de la actividad y del empleo. La gestión exterior se convierte en una de las prioridades de todo gobierno.