Es el segundo exdirectivo de Novacaixagalicia al que el juez impone medidas cautelares por el caso de las prejubilaciones
19 oct 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El que fue uno de los responsables de la oficina de integración de Caixanova y Caixagalicia, Óscar Rodríguez Estrada, tendrá que personarse cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio. Así lo acordó ayer el juez del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga el caso de las prejubilaciones millonarias de cinco exdirectivos de Novacaixagalicia.
Rodríguez Estrada es el segundo ex alto cargo contra el que el magistrado dicta medidas cautelares a petición de la Fiscalía Anticorrupción -que también pidió la retirada del pasaporte, que el juez no acordó-, después de hacerlo el miércoles con el exresponsable del grupo inmobiliario de la entidad, Gregorio Gorriarán.
Los interrogatorios de los cinco imputados por los presuntos delitos de administración desleal o, alternativamente, de apropiación indebida prosiguieron ayer y, en la misma línea de los que les precedieron -Javier García de Paredes, el lunes, y Gregorio Gorriarán, el miércoles-. Rodríguez Estrada, procedente de Caixanova, reiteró la legalidad de su contrato. Aseguró que la modificación del mismo, en octubre del 2010, fue decisión del entonces director general de la entidad, José Luis Pego, y que a través de él tenían conocimiento de su contenido tanto el Banco de España como el consejo de administración de Novacaixagalicia, algo que la Fiscalía niega en el texto de su querella.
Precisamente por ello, por entender que parte del cobro de su prejubilación fue indebido, Anticorrupción le reclama al exdirectivo la devolución de 260.940,69 euros. El plan de pensiones de Rodríguez Estrada ascendía a 8.172.180 euros, que se suman a otros 691.230 percibidos como indemnización.
Serio y dubitativo
Fuentes jurídicas señalaron que en su declaración estuvo más dubitativo y serio que Gorriarán, insistiendo en que fue Pego quien decidía las «gratificaciones» y que en la modificación de sus condiciones contractuales -mejoraban su futura jubilación- él no tuvo capacidad de decisión, ya que, dijo, era como un «contrato de adhesión» que no se puede negociar.
La Fiscalía también le interrogó sobre la solicitud de 1.162 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria por parte de la entidad y de cómo en esas condiciones se llevaron unas prejubilaciones tan sustanciosas, a lo que Rodríguez Estrada señaló que la situación financiera de Caixanova era técnicamente impecable y que la de Caixagalicia no tanto.
Feijoo defiende la devolución
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, recordó ayer -informa Elisa Álvarez- que lo que debieran hacer los exdirectivos es devolver unas indemnizaciones que tachó de inmorales y «éticamente reprobables», porque la gestión de los altos cargos de la entidad no acredita que las merezcan.
Lamentó que ahora la situación esté en manos de la Justicia cuando él mismo solicitó por escrito al exgobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, que dejara sin efecto estas indemnizaciones, «e ese era o momento». «Espero e desexo que a xustiza actúe, e lamento que estemos nesta situación porque un grupo parlamentario bloqueou a Lei de Caixas e un Goberno de Madrid a recurriu», subrayó.