García de Paredes reitera ante el juez que sigue dispuesto a renunciar a 4 millones

Poco antes de las diez de la mañana, el que fuera director general adjunto de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes, llegaba ayer a la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid, para declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno. Junto a otros cuatro exdirectivos de la entidad -Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada, José Luis Pego y Julio Fernández Gayoso-, que declararán desde mañana y hasta el próximo lunes. García de Paredes se enfrenta a una imputación por presuntos delitos de administración desleal o, alternativamente, de apropiación indebida por las prejubilaciones millonarias percibidas de la entidad, actualmente bajo el control del FROB.

Aunque había más partes personadas y presentes ayer, el grueso del interrogatorio estuvo en manos de dos fiscalas de Anticorrupción, Pilar Merelo y Concepción Sabadell.

En su declaración ante el juez Moreno, García de Paredes defendió la legalidad de su prejubilación. Insistió en que mantiene la palabra dada a NCG sobre la renuncia a 4.134.000 euros, que se sumaría a una primera de 3.751.000 euros que tuvo lugar en la resolución de su contrato al salir de la entidad (en total renunció al 63 % del plan de pensiones y al 41 % de la prejubilación). Sin embargo, según se recordó en el interrogatorio, el segundo acuerdo no se llegó a ejecutar porque el banco, al conocer que la Fiscalía estaba llevando a cabo unas diligencias de investigación, consideró -al igual que el Banco de España- que por el momento no debían materializar lo pactado.

La investigación de la Fiscalía se centra en la capitalización de la prejubilación del exdirectivo, es decir, el cobro anticipado de la cuantía que le habría correspondido percibir hasta el año 2025, momento de su jubilación. En este punto, un abogado de la acusación particular preguntó a García de Paredes si le habían ofrecido hacerle el pago con participaciones preferentes -lo que le valió una amonestación del juez-, a lo que este respondió que no.

El que fue director general adjunto de Novacaixagalicia subrayó que en su contrato no se prohibía esa fórmula de abono que fue propuesta por la propia entidad, ya que así se ahorraba en torno a 1,2 millones de euros, cantidad que se corresponde con el coste de una póliza de seguro que habría que suscribir para garantizar el pago.

Según fuentes jurídicas consultadas, el acusado subrayó que «accedió tanto a esta petición de la entidad, como a las dos renuncias del fondo de pensiones y de la prejubilación por importe de 7.885.000 euros, para beneficiar al banco, ya que se correspondía con el proyecto que él había defendido de lograr que Galicia mantuviese una entidad financiera propia».

Las fiscalas también pidieron explicaciones a García de Paredes sobre la posible nulidad de su contrato, por cuanto las retribuciones no se ajustan a las recomendaciones de la UE que habría que cumplir. El exdirectivo explicó que en varias actas del consejo de administración consta que José Luis Pego, director general adjunto de la entidad fusionada e interlocutor con el Banco de España para todos los asuntos, le indicó que la institución supervisora estaba conforme. Dicho extremo queda recogido en un acta del consejo celebrado el 18 de octubre.

Al tiempo que se produce la entrada del FROB en la caja gallega fusionada, los términos del contrato son analizados para la entidad por Pradas y Cebrián, despacho de abogados nombrado como experto independiente por el Banco de España, que asegura que en modo alguno contradicen las recomendaciones de la Unión Europea en materia de retribución.

Visto bueno del supervisor

A lo largo de su declaración, García de Paredes demostró en varias ocasiones que el Banco de España conocía su contrato, al que «no solo no se opuso a su firma sino que, meses después, pidió que se dotase contablemente».

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