Confirman que el BCE no pidió cambios en la Constitución para limitar el endeudamiento
31 jul 2012 . Actualizado a las 11:01 h.Que España está bajo la más estricta vigilancia europea -cuando no de un férreo control- no es ningún secreto. Pero pese a la cascada de medidas de control del gasto y de incremento de la recaudación adoptadas por el Gobierno, Bruselas sigue sin estar satisfecha y pide una nueva vuelta de tuerca. Las comunidades autónomas y su sobredimensionada constelación de organismos públicos están en el punto de mira de la Comisión Europea, que está preparando un documento en el que exigirá al Ejecutivo de Mariano Rajoy la eliminación de casi tres millares de organismos públicos autonómicos.
La exigencia podría materializarse en la próxima cumbre europea y no es ninguna sorpresa para el Gobierno, pues la supresión de empresas públicas -bajo el mandato de racionalizar la estructura de las Administraciones, especialmente de las territoriales- es una reclamación recurrente del Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas desde el inicio de la legislatura.
De hecho, eliminar «entes, sociedades y organismos autónomos» que se consideren de «poca importancia» es una de las condiciones que el Gobierno impondrá a las comunidades que se acojan al fondo de liquidez autonómico, según confirmó hace unos días el secretario general de Coordinación Autonómica y Local, Enrique Ossorio Crespo.
Liquidez con «condiciones»
Tanto es así, que -de acuerdo a la Ley de Estabilidad Presupuestaria-, tras solicitar el mecanismo de financiación, la comunidad tendrá que firmar un documento en el que se detalle «el número de entes y la propuesta de eliminación de sociedades» que se compromete a llevar a cabo en «los próximos meses».
El fondo de liquidez, que comenzará a financiar a las comunidades a través del Tesoro Público a partir del 2013, según confirmó ayer en una entrevista en Expansión el secretario general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, será un vehículo para eliminar duplicidades y reducir el gasto, como insistentemente se pide desde Bruselas.
Y es que, según datos del Ministerio de Hacienda, desde 1997 las comunidades han duplicado especialmente defensores del paciente y del pueblo, así como órganos equivalentes al Tribunal de Cuentas, cuyo coste total para la Administración central -según las estimaciones oficiales- es de 245 millones de euros anuales, a los que hay que añadir los medios de comunicación autonómicos, también en proceso de redimensionamiento en diversas comunidades, como la valenciana, que fue la primera en pedir el rescate, seguida después por Cataluña y Murcia.
Para aliviar la falta de liquidez autonómica, según explicó ayer el secretario general del Tesoro, las comunidades que lo precisen podrán financiarse mediante subastas ordinarias del Tesoro Público, insistiendo en que, a cambio, tendrán que cumplir una «condicionalidad estricta». El fondo contará con unos 18.000 millones de euros, de los que 8.000 procederán del crédito de un grupo de entidades bancarias, otros 6.000 de Loterías del Estado y los 4.000 restantes de las emisiones de deuda del Tesoro. Según Fernández de Mesa, este sistema permitirá a las comunidades en problemas financiarse y, a la vez, cumplir los objetivos de déficit exigidos por Bruselas.
La misiva del BCE
Por otra parte, y vinculado con el cumplimiento del déficit, el defensor del pueblo europeo ha resuelto la reclamación presentada por un abogado español sobre si la carta que en agosto del pasado año envió el Banco Central Europeo (BCE) al Gobierno pedía o no un cambio de la Constitución para limitar la deuda pública, como en septiembre acordaron PSOE y PP.
El reclamante había pedido, sin éxito, tener acceso al contenido de la misiva enviada por el BCE al entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora el defensor del pueblo europeo, aunque respalda la negativa del BCE de hacer público el escrito, argumentando que perjudicaría el interés público, al estar en juego la política económica y monetaria de la UE, confirma que dicha carta no sugería cambios en la Constitución.
La recesión se agravó de abril a junio
La economía española no se recupera. Todo lo contrario. Así lo confirmó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), coincidiendo con el Banco de España, al avanzar que el producto interior bruto (PIB) del país cayó entre abril y junio un 0,4 %, con lo que encadena tres trimestre consecutivos. En términos interanuales, el retroceso de la economía es ya del 1 %, lastrada especialmente por una demanda nacional sin pulso, como consecuencia de las políticas de recortes del Ejecutivo.