Las prestaciones sociales y económicas se reducen con la reforma de la ley
14 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El Consejo de Ministros ratificó las medidas anunciadas los últimos días para reformar la ley de dependencia, con una reducción de prestaciones sociales y económicas para el colectivo a que se dirige y sus cuidadores. Familias y concellos soportarán mayor presión para atenderles.
La reforma simplifica los grados de reconocimiento de la dependencia, y reduce a tres los seis niveles actuales. De este modo, según el Gobierno, se pretende favorecer a los grandes dependientes y se aplaza el acceso a prestaciones de los dependientes moderados «en su mayoría ya atendidos por los servicios sociales». Esto supondrá una mayor presión sobre esos servicios sociales, prestados por los ayuntamientos, un sector que se enfrenta a una importante reducción de financiación, al recibir menor aportación tanto del Estado como de la Xunta.
Otras medidas repercutirán directamente en las familias y cuidadores de personas dependientes. Así, se aprueba una reducción del 15 % de la prestación por cuidador familiar, que supone una media de unos 60 euros menos al mes. Además se anuncia un mayor control de esta figura «para asegurarse que la persona dependiente va a recibir una asistencia adecuada y profesionalizada». Y se revisará el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar.
Plazos y copago
«Para ello, los ministerios de Sanidad y de Empleo y de la Seguridad Social acordarán un nuevo régimen acorde con las circunstancias de esta figura» y «los cuidadores que ya coticen no saldrán de la Seguridad Social en tanto en cuanto no se determine el nuevo régimen», según la referencia ofrecida del Consejo de Ministros. Afecta asimismo a las familias la ampliación a dos años del plazo para reconocer la dependencia a las personas que no la tengan reconocida o no perciban la prestación. Hasta ahora eran 6 meses, por lo que se amplía año y medio más esa demora y sin derecho a retroactividad en la ayuda.
El Gobierno aceptó mantener que las personas cuyos recursos estén por debajo de la cantidad mensual del Iprem (532 euros) no abonen nada por los servicios reconocidos en la ley de dependencia. En principio el Gobierno pretendía rebajar la cantidad y tomar como base una cifra inferior al Iprem para establecer el inicio del copago, mientras el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad aspiraba a superar esa cantidad. A partir de ahí la aportación se medirá de forma progresiva: cuanto mayor sea la renta más deberán abonar las personas dependientes, hasta alcanzar el 90 % del coste del servicio: ahí entran ayuda en el hogar, centros de día, transporte adaptado, logopedia y otros.