Mientras el Estado español era rescatado a raíz de las tropelías de la mayoría de sus bancos, el relato oficial consiste en quitar importancia a lo que se llama un préstamo en buenas condiciones y centrar toda la atención en el déficit público. Poco importa que aquellos bancos hayan provocado una deuda pública de treinta mil millones de euros. Deuda pública y sus intereses por los que responderá el Estado, es decir todos los contribuyentes. Sostengo pues, a pesar de que no guste al relato oficial, que el Estado firmará un Memorando de Rescate (como antes hicieran Irlanda, Grecia o Portugal) no por sus cuentas públicas sino por sus cuentas privadas. Y lo firmaremos porque los acreedores europeos tienen muchas razones para estar nerviosos con la salud de sus deudores.
Es por eso que han puesto por escrito que todos los bancos serán intervenidos aunque los treinta mil millones no sean para todos los bancos. Y si todos pasan a estar bajo la tutela de los accionistas del Fondo que presta el dinero, y el Estado español es el garante último, resulta entonces paladino que el Estado ha sido arrastrado a firmar un rescate porque lo exigen nuestros bancos.
Y mandan mucho. Tanto mandan que ahora ni nuestros ministros ni el Banco de España son fiables para los acreedores.
De manera que el Estado hace lo que le mandan y todos los contribuyentes pagamos la factura. Claro que los acreedores externos de los bancos (avalados ahora por todos nosotros) no se fían de su cartera inmobiliaria y por eso los obligan a crear un banco malo donde, si lo que entra no se tasa a precio actual de mercado, nos van a endosar a todos otra parte del pufo que tendrían que asumir sus accionistas o acreedores.
Mientras todo esto sucede, el presidente penaliza al país con el IVA, los sueldos de los funcionarios y diez cosas más. Por mucho que sumo, de ahí no me sale ni la mitad de la factura bancaria endosada al Estado. Una factura que incluye capital vía préstamo, el timo del banco malo y el derrumbe (desempleo incluido) de la economía nacional. Todo eso, además del cobro religioso de crecientes intereses por 800.000 millones que tienen en bonos del Estado. Lo dicho, intocables.