El Tribunal Constitucional de Portugal tumbó esta semana la medida del Gobierno de suprimir las pagas extraordinarias de verano y Navidad a los funcionarios públicos. El Tribunal determinó la inconstitucionalidad de la medida por considerarla «discriminatoria» al dar un tratamiento diferenciado a los servidores públicos respecto al resto de los ciudadanos.
El problema para el Gobierno portugués es que la troika exige una propuesta alternativa para compensar el ahorro previsto en los presupuestos con el recorte de estas prestaciones, que debería comenzar a implementarse ya este año. Ayer mismo, Bruselas recordó al Ejecutivo de Pedro Passos Coelho sus obligaciones. El Gobierno pretendía eliminar una paga extra para los funcionarios públicos y jubilados que ganasen a partir de los 600 euros mensuales y las dos pagas extras para aquellos que ganaban más de 1.100 euros al mes. La medida será efectiva este año, para no interferir en los compromisos con la troika. Pero no en el 2013.
Passos Coelho advirtió ayer que «habrá que encontrar una medida en términos presupuestarios equivalente a esta para los próximos presupuestos», lo que fue interpretado como una puerta abierta a que las pagas extras se eliminen a partir del próximo año el resto de los ciudadanos que trabajan en el sector privado. La oposición advirtió de una campaña de «intoxicación» para aprovechar la decisión del Constitucional para hacer nuevos recortes.