El rescate de España tiene un precio

La recapitalización de la banca se traducirá en más presión para que España cumpla lo prometido. El IVA podría llegar al 23% y habría más recortes en el Estado del Bienestar

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España no está intervenida. Solo ha pedido ayuda para sanear sus bancos. Ese es el mensaje en el que sin duda insistirá machaconamente el Gobierno durante los próximos días. Ya lo está haciendo. Y razón no le falta. El de España no es un rescate al uso. No es una intervención como la que sufren en sus carnes desde hace meses Grecia, Irlanda y Portugal. El nuestro es un yugo confeccionado a medida para el sector financiero. Y serán las entidades (especialmente las que limpien sus cuentas con el dinero del rescate) las que más sufran los rigores de la batuta europea. No hay plan de austeridad sobre la mesa. Pero eso no quiere decir que Europa no vaya a meter mano en nuestra política económica. Ni mucho menos. Si nos prestan el dinero, a buen seguro que las condiciones no se ceñirán solo a la banca. Y es evidente que la ayuda se traducirá en una mayor presión de nuestros socios para que España avance con paso firme por el espinoso camino de la austeridad y las reformas estructurales. Eso sí, al Gobierno le queda el consuelo de un mayor margen de maniobra que el que tendría -ninguno- si la temida troika desembarcara aquí blandiendo su calendario.

Además de atar en corto al sector financiero, ¿qué más nos pueden pedir?

Los analistas lo tienen claro: llevamos muchas papeletas para vernos obligados a adelantar el retraso de la edad de jubilación. Y, desde luego, ni la caridad nos libra de una subida del IVA. En el primer capítulo, la reforma de las pensiones retrasa el retiro de la vida laboral hasta los 67 años. Pero de una forma progresiva. Tanto que no se completará hasta el 2027. Puede que ahora haya que acelerar el paso. Y en cuanto al IVA, Bruselas lleva meses erre que erre con que el tipo español no es el adecuado. El normal es del 18 % y está entre los más bajos de la Unión. Y opinan en Bruselas que bien podríamos reducir la lista de productos a los que se les aplican gravámenes reducidos y superreducidos. Grecia se vio obligada a subir el impuesto hasta el 23 %. También Portugal lo elevó hasta esa cifra. Y, además, tuvo que aplicar ese tipo general a productos que hasta entonces disfrutaban de un gravamen reducido (la luz, por ejemplo, pasó del 6 al 23 % de golpe). Irlanda lo está subiendo de forma progresiva, para llegar al 23 % en el 2014.

Pero eso no es todo, la reforma laboral tampoco cuenta con los parabienes de nuestros socios. Creen que el Gobierno ha errado el tiro en algunas cuestiones como los nuevos contratos para pymes o los de prácticas y, sobre todo, que se ha quedado corto con los cambios.

Una vez encarrilado el saneamiento del sistema financiero, queda por ver qué pasa con el otro gran talón de Aquiles de España a ojos de Europa: las comunidades autónomas. Parece, pues, lógico que Bruselas exija más control sobre las cuentas regionales.

¿De qué podríamos habernos librado?

En las rescatadas Grecia, Irlanda y Portugal, funcionarios y pensionistas han cargado con buena parte de los ajustes impuestos por la troika.

En Grecia, el número de empleados públicos se redujo en 200.000 entre el 2010 y el 2011. Una poda que se pretende extender a otros 150.000 funcionarios hasta el 2015. Y en Portugal, por ejemplo, los trabajadores del sector público que cobraban más de mil euros han visto reducido su sueldo en un 20 % con la eliminación de pagas extras y otras medidas.

En el capítulo de las pensiones, las griegas de más de 1.200 euros han sido recortadas en un 20 %; y las de los jubilados menores de 55 años, en un 40 %. En Portugal, los pensionistas han tenido que decir adiós a sus dos pagas extras Y en Irlanda, los nuevos jubilados ya cobran un 10 % menos.

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