Madrid da vía libre a las bonificaciones en el naval

El Gobierno comunica a Bruselas que habilitará un sistema de bonificaciones para el naval similar al de otros países de la UE y que exige modificar el impuesto de sociedades

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El Gobierno español cree haber encontrado la fórmula para enderezar el rumbo del sector naval y mejorar su posición competitiva, mediante la aplicación de un sistema de bonificaciones muy similar al tax lease que aplican otros países de la Unión Europea (UE) y que, pese a no ser exclusivo para la construcción naval, sí que le aportaría a esta actividad una serie de ventajas fiscales. El tax lease español, que lleva aparejada una reforma del impuesto de sociedades, ya fue comunicado a Bruselas y no requiere autorización previa para que se pueda aplicar de manera inmediata.

Los astilleros gallegos ya pueden volver a buscar contratos contando con que se podrá aplicar bonificaciones. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, fue el encargado de dar cuenta ayer en el Parlamento de la notificación del sistema de bonificaciones que el Gobierno central le remitió a la Comisión Europea, un sistema que horas después el Ministerio de Industria, a través de una nota, y el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, en una comparecencia ante la prensa, explicaron con más detalle.

La aplicación del nuevo modelo supone una reforma del impuesto de sociedades

El nuevo mecanismo supone la renuncia a que España disponga de un régimen fiscal específico para el sector naval, que Bruselas tumbó en junio del año pasado por entender que era una ayuda de Estado que vulneraba las reglas de la competencia. En su lugar, se aplicarían tres regímenes fiscales ya existentes a todos los productos industriales que tarden «más de un año en construirse y que no se sean fabricados en serie», referencia por la que se recuperarían los incentivos al naval.

Y esto no es nada más y nada menos que un sistema de tax lease muy similar al que tienen países como Francia, lo que supone que el Gobierno español cede en su planteamiento inicial de renegociar en Bruselas las bonificaciones específicas para la construcción de buques.

La aplicación del nuevo modelo conlleva también una reforma del impuesto de sociedades, que se tramitará por la vía del real decreto ley, y que el Gobierno podría tardar varios meses en convalidar. A su vez, Bruselas dispone también de dos meses de plazo para pedirle aclaraciones a España, si lo estima oportuno, sobre el nuevo mecanismo, si bien el nuevo sistema de bonificaciones no estaría sujeto a la autorización previa de la Comisión por tratarse de regímenes fiscales ya existentes y que se aplican en otros países.

«Se podría empezar a aplicar transcurridos estos plazos», manifestó Javier Guerra, quien insistió en que los descuentos que se emplearán en el sector de la construcción naval y asimilados serían «muy parecidos» a los mecanismos que había antes en España y que aplican otros socios de la UE.