Rechaza que en plena crisis se antepongan los recursos a las personas
12 may 2012 . Actualizado a las 12:59 h.Cuando todas las Administraciones se dicen empeñadas en combatir la imparable destrucción de empleo, dirigentes de trece organizaciones pesqueras gallegas se declaran dispuestos a mantener los puestos de trabajo directos e inducidos que genera el sector, e incluso a crear otros nuevos. Y a cambio solo quieren que la Unión Europea les permita pescar, ejercer su profesión, mantener activas las plataformas flotantes de trabajo.
Muy críticos con las líneas maestras de la reforma de la política pesquera comunitaria actualmente en debate, los representantes de la flota reivindican «un giro» en los criterios que emanan desde Bruselas.
Frente a un término tan «abstracto» como el rendimiento máximo sostenible, que la UE aspira a imponer a partir del 2015, los armadores acuñaron un «concepto imprescindible para la supervivencia de una actividad empresarial que da vida y trabajo a gran cantidad de personas». Reivindican el rendimiento económico mínimo sostenible, sí cuantificable porque equivale a los ingresos que precisa cada barco para ser rentable. Lo creen compatible con la sostenibilidad de los recursos.
Es una de las conclusiones del 13.º Encontro Empresarial de Organizacións Pesqueiras que se celebró en Burela, promovido por la Fundación Expomar. Los asistentes parten de que la UE marca las normas «orientándose exclusivamente en conceptos medioambientales y ecológicos, que solo consideran la buena situación del recurso pesquero». Hasta el punto de que Europa define los derechos de pesca «por encima e incluso a costa de las personas que trabajan» en el mar. Y reprochan, sobre todo, que en plena y «dura crisis económica y laboral, no les importe la destrucción irreversible de empleos».
«De espaldas del sector»
Consideran que la política comunitaria «se está haciendo de espaldas al sector». Combinándolos con presuntos «intereses ocultos de otros agentes», rechazan que la UE los haga «responsables exclusivos de esta falsa catástrofe, demonizándonos». Aluden al argumento del estado de los recursos, en el que teóricamente se basa el reparto de derechos de pesca. Y apelan a la Xunta y al Gobierno para que defiendan sus criterios en Europa. Aunque no públicamente, admiten las escasas posibilidades de éxito en su propósito de que la PCP también se «enfoque hacia la parte social y económica».