Hacienda no pedirá cárcel por delito fiscal si se abona voluntariamente la deuda tributaria
01 abr 2012 . Actualizado a las 07:07 h.Como reclamo adicional para convencer a quienes han defraudado al fisco de que la mejor opción es saldar cuentas con Hacienda, el Gobierno ha modificado la Ley General Tributaria para garantizar a los evasores que se acojan a la amnistía fiscal que quedarán exonerados de cualquier responsabilidad penal. Es decir, la Agencia Tributaria no pedirá cárcel en caso de haberse cometido delito fiscal. Esta es una de las novedades recogidas en el último decreto ley de medidas para reducir el déficit público, que incluye la polémica amnistía fiscal y que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
A salvo de cualquier responsabilidad penal
El texto del decreto subraya que es «importante favorecer» que los «obligados tributarios» puedan ponerse «voluntariamente» al corriente de su factura fiscal. Para ello, quienes hayan defraudado pueden reconciliarse con Hacienda sin temor a acabar sentados en un banquillo, ya que la nueva legislación se apunta a la norma que admite la exoneración de responsabilidad penal si estas regularizaciones voluntarias se hacen antes de que se inicien actuaciones de comprobación o, en su caso, antes de que se interponga denuncia o querella por parte de la Agencia Tributaria. Es lo que se conoce como «excusa absolutoria», que aunque ya está en el Código Penal, ahora se incluirá también en la Ley General Tributaria, de modo que el riesgo de acabar condenado a entre uno y cinco años de cárcel -horquilla de la pena por delito fiscal, es decir, por defraudar más de 120.000 euros- que siempre ha sido bajo, ahora será nulo.
Declaración confidencial
En las referencias del Consejo de Ministros se explicitaba que quienes se acojan a la amnistía para aflorar dinero negro o para repatriar el evadido o generado (en caso de empresas) en paraísos fiscales, además de abonar únicamente un «gravamen especial» del 10 % o el 8 % del capital respectivamente, podrán presentar una «declaración confidencial» para hacer las paces con Hacienda, es decir, que se mantendrán en el anonimato. El plazo de presentación y su ingreso expiran el 30 de noviembre y el Ejecutivo espera recaudar 2.500 millones.
Adiós a las deducciones de las grandes empresas
Eliminar las deducciones a las grandes empresas en el impuesto de sociedades es otra de las novedades del decreto, con la que se confía recaudar este año 5.350 millones. El tipo del impuesto se mantiene en el 30 % de los beneficios, pero Hacienda suprime las deducciones que, de facto, rebajaban el tipo efectivo a umbrales inferiores al 20 %. Este año y el próximo se limitarán las deducciones del fondo de comercio -el valor inmaterial de la firma- del 5 al 1 % y el límite de aplicación de deducciones bajará del 35 al 25 %. La libertad de amortización se suprime permanentemente.
Recortar dependencia, mal negocio
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales alertó ayer de que eliminar las partidas dedicadas a la dependencia es un «mal negocio» porque incrementará el déficit autonómico, pondrá en peligro la atención a 35.000 personas e imposibilitará la creación de 8.000 empleos.
Así lo aseguró a Efe el presidente del colectivo, José Manuel Ramírez, tras conocer la información preliminar de los Presupuestos Generales del Estado, en la que se indica que el capital dedicado a la financiación del «nivel acordado» para dependencia se dejará a cero. Desaparecerán así 283 millones de euros que se distribuían entre las comunidades autónomas con criterios consensuados de reparto para financiar infraestructuras, servicios y sistemas de atención a dependientes.