También tendrán prioridad los acreedores que apliquen una quita a lo que les deben
25 feb 2012 . Actualizado a las 19:56 h.Los proveedores a los que los ayuntamientos les adeudan facturas pendientes comenzarán a cobrarlas en mayo. Así lo confirmó ayer el Gobierno tras aprobar en la reunión del Consejo de Ministros remitir al Congreso un proyecto de ley orgánica y un decreto ley para poner en marcha el mecanismo de financiación a entidades locales para que puedan pagar a sus acreedores.
Las empresas y autónomos cobrarán más rápidamente en función de la antigüedad de las deudas, y también si optan por aplicar una quita, es decir, rebajar la factura a la Administración, según se recoge en el comunicado oficial del Consejo.
Pero antes de poner a cero el contador de la morosidad, los ayuntamientos tendrán que enviar al Ministerio de Hacienda antes del 15 de marzo un listado con las facturas pendientes a fecha del 31 de diciembre del 2011, y dispondrán hasta el 31 de marzo para remitir un plan de ajuste que le garantice al Ejecutivo el pago futuro de las deudas que ahora adelantará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través de un consorcio con la banca.
Así lo explicó en rueda de prensa la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que aunque no avanzó cuándo estaría operativo el mecanismo financiero de pago -lo diseñará la Comisión Delegada de Asuntos Económicos-, limitándose a decir que será en un plazo «breve», insistió en que el objetivo es «poner orden» en las deudas comerciales. También, «de una vez por todas, conocer lo que hay, y que las Administraciones públicas cumplan los criterios de sostenibilidad financiera».
Condiciones para cobrar
Para tener derecho al cobro de las facturas, estas deben ser por obras, servicios o suministros realizados antes del 1 de enero de este año a través de contratos incluidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
Los ayuntamientos permitirán a los acreedores consultar su inclusión y la cuantía de la deuda en el listado que remitirán a Hacienda y en el que constará la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial para cobrarla. De no aparecer en el listado, podrán reclamar al ayuntamiento que emita un certificado individual, al que la administración local no podrá negarse, pues incurriría en «falta muy grave».
Respecto al mecanismo de financiación, que se aprobará «en las próximas semanas», las entidades locales podrán acogerse a él durante este año, que será su período de vigencia. El plan de pago para las comunidades autónomas se abordará en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, según confirmó Sáenz de Santamaría.
Las empresas y autónomos con derecho al cobro de facturas pendientes podrán hacerlo presentándolas en «las principales entidades de crédito del país».
Colectivos de afectados, como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad o las organizaciones de autónomos ATA y UPTA, han celebrado la medida, aunque reclaman que se priorice a los acreedores que estén en una situación «más crítica».
«Se trata, de una vez por todas, de conocer las deudas comerciales que hay y poner orden»
Sáenz de Santamaría