«Completa, equilibrada y útil». Así definió ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la reforma laboral que el Gobierno aprobará en 48 horas y de la que ayer, en su primera comparecencia ante la Comisión de Empleo del Congreso, no desveló prácticamente nada, salvo que no incluirá los polémicos miniempleos (los minijobs alemanes, de pocas horas y 400 euros de sueldo) ni tampoco un contrato único, ambos reclamados por la patronal y, en el caso del contrato único, incluso defendido públicamente por el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la prensa internacional.

Los grupos de la oposición reclamaron insistentemente a la ministra información sobre el contenido de la reforma del mercado de trabajo, sin que esta avanzara más que algunas pinceladas, argumentando que no podía dar detalles «por respeto» al Consejo de Ministros del viernes.

Tanto es así, que CC. OO. calificó ayer de «insólito» que a tres días de que el Gobierno apruebe el nuevo marco normativo al menos los sindicatos «ignoren» sus líneas básicas. Por no precisar, Báñez ni siquiera desveló si se optará por un proyecto de ley o por un decreto.

Todo apunta a que la existencia de discrepancias en el seno del Ejecutivo -entre los ministerios de Empleo y Hacienda por un lado, que apostarían por una reforma más «blanda», para evitar una confrontación directa con los sindicatos, y el de Economía, partidario de medidas «más duras» para satisfacer a los mercados y a la canciller alemana- harán que sea el presidente Rajoy quien mañana, en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, decida sobre el alcance de algunas medidas.

Hasta el momento, los puntos que han trascendido del nuevo marco legal son los siguientes:

CONTRATO ÚNICO

Inconstitucional. Durante su turno de réplica a los grupos de la oposición, la ministra aseguró que la reforma no incluirá el contrato único porque sería «inconstitucional». En concreto, señaló que en España el despido es causal y que con un contrato único se eliminaría dicha causalidad, lo que también iría en contra de las normas de la OIT, de la carta de derechos fundamentales y de la Carta Social de la UE. «El Gobierno nunca ha tenido previsto ponerlo en marcha porque permite la arbitrariedad del empleador» al dejar de ser causal el despido, aseveró.

MINIEMPLEOS

Descartados en favor del trabajo estable a tiempo parcial. Idéntico argumento -la inconstitucionalidad- usó para descartar la introducción de los miniempleos, ya que en España existe un salario mínimo interprofesional que marca en 641 euros mensuales el suelo de retribución para un trabajador por un empleo a tiempo completo. Sí apuntó que el Ejecutivo pretende impulsar el uso del contrato a tiempo parcial con un sueldo «razonable» para fomentar el empleo de los jóvenes.

ALARGAR LA VIDA LABORAL

Trabajar y cobrar la jubilación. Pese a que tampoco dio detalles, Báñez anunció que el Ejecutivo impulsará medidas para prolongar la vida laboral de los españoles de forma «voluntaria» y que, así, puedan compatibilizar el cobro parcial de la pensión por jubilación con seguir trabajando. También afirmó que la cuantía de las pensiones debe ser proporcional a lo cotizado durante toda la vida laboral y anunció su intención de acercar la edad real de jubilación a la edad legal, ahora en 65 años. Al respecto recordó que en junio la edad real estaba en los 62,82 años para el conjunto del sistema y en 63,39 para el régimen general, y añadió que más de la mitad de las nuevas jubilaciones se producen antes de los 65. En cualquier caso, dijo que lo relativo a pensiones deberá volver a debatirse en la comisión del Pacto de Toledo, ante la que pretende comparecer.

PREJUBILACIONES

Serán «excepcionales» y se controlará el fraude en las prestaciones. Aunque los agentes sociales las defendían en su acuerdo de reforma laboral -tachado de «insuficiente» por el Ejecutivo-, Báñez afirmó que las prejubilaciones quedarán reducidas a casos «excepcionales» y que se frenará el uso de la prestación por desempleo como fórmula de jubilación «encubierta», pues el 25 % de los trabajadores que acceden a la jubilación provienen del desempleo. También anunció ayer la ministra un plan contra el fraude en el cobro de prestaciones y en las bonificaciones a la contratación.