La presión de los mercados está obligando a España no solo a comprometerse a cumplir estrictamente los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea, sino a ir todavía más lejos. El Gobierno anunció ayer que impondrá a las autonomías y al resto de Administraciones un déficit cero a partir del año 2020, a pesar de que el pacto fiscal, que la Unión Europea aprobará previsiblemente el lunes, permite que se llegue hasta el 0,5 % a partir de esa fecha. Las comunidades que se desvíen de ese objetivo pagarán multas y, si persisten, todas sus cuentas podrán acabar siendo intervenidas por Hacienda. «Hay que lanzar una señal a los mercados», dijo el ministro de Economía, Luis de Guindos, desde la cumbre económica de Davos, en donde aseguró: «No vamos a dejar que ninguna comunidad autónoma caiga, pero simultáneamente el ajuste va a ser más brutal».
Más allá del pacto con el PSOE
La medida va también más lejos de lo pactado por el PSOE y el PP tras la modificación de la Constitución para establecer el tope de déficit. Entonces se acordó que una Ley Orgánica desarrollara ese nuevo artículo fijando un 0,4 % de déficit estructural (0,26 % para el Estado, 0,14 % para las autonomías, y equilibrio presupuestario para los gobiernos locales).
El anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobado ayer por el Gobierno establece, sin embargo, que todas las Administraciones públicas «deberán presentar equilibrio o superávit» y que solo «en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, se podrá alcanzar un déficit estructural del 0,4 % del PIB», además de cuando se produzcan «catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria».
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó tras el Consejo de Ministros las sanciones que se prevén para las comunidades que incumplan el déficit cero. En un primer momento, quienes se desvíen del objetivo tendrán que presentar un depósito retribuido del 0,2 % de su PIB nominal. Si en seis meses continúan sin corregir la situación, ese depósito pasará a ser una multa que no se recuperará. Y las comunidades que superen los nueves meses sin ajustarse al déficit cero serán directamente intervenidas. Todas sus cuentas pasarán a ser controladas por el Gobierno.
Intervención
Hacienda enviará una delegación que no será «amable», según Montoro, a inspeccionar la situación financiera de los incumplidores. La intervención no supondrá suspensión de ninguna competencia sino más bien «trabajar en paralelo, ver los deberes y hacer los ajustes necesarios», al estilo de lo que ha hecho la Unión Europea con estados como Grecia. El objetivo es que «España no tenga sanciones», pero si las hay «la intención es que el responsable se haga cargo con consecuencias políticas y económicas».
Hasta el 2020, solo cuando haya un crecimiento del 2 % del PIB, la deuda pública deberá reducirse en dos puntos al año y el déficit un 0,8 % del PIB nacional en promedio anual.
