La defensa de NCG (Novagalicia Banco, en su nombre comercial) vuelve a formar parte de las prioridades de la agenda del presidente de la Xunta en un momento en el que la viabilidad de la firma depende de que el Gobierno de Rajoy dé tiempo a los gestores para la captación de capital privado. Por segunda vez en esta semana, Feijoo volvió a romper el silencio que ha mantenido sobre este asunto en los últimos meses y apremió a que el Banco de España respete los plazos a los que se comprometió con NCG para recapitalizar y sanear la entidad.

Tras el Consello de la Xunta, Feijoo insistió en que el regulador debe dar tiempo a la dirección del banco gallego para la recapitalización, y sostuvo que, en paralelo, los gestores de Novagalicia deben cumplir con sus compromisos de lograr capital para devolver los fondos del Estado: «Gustaríame que o Banco de España lles dea tempo aos xestores para capitalizar o banco».

Aunque Novagalicia tiene un compromiso del Banco de España que le garantiza que puede seguir buscando inversores hasta el próximo 30 de septiembre, Mariano Rajoy quiere liquidar en junio la reestructuración bancaria. Ese calendario responde a la estrategia del presidente del Gobierno de presentar antes del 15 de febrero el plan de reestructuración financiera, con el que prevé dejar cerrados los procesos de recapitalización en junio.

La petición de Feijoo de que el regulador debe respetar el plazo que comprometió con los gestores de Novagalicia representa un giro a su discurso de las últimas semanas. El presidente se había centrado en subrayar que la Xunta no tiene competencias sobre el nuevo banco, una tesis que ayer conjugó con el compromiso de que el Gobierno gallego «seguirá traballando para defender os intereses xerais de Galicia».

Feijoo quiso reivindicar en ese punto la labor de la Xunta y recordó que aplicó sus responsabilidades al máximo cuando presentó dos recursos ante el Constitucional por el proceso de bancarización de las cajas y por la baja valoración que hizo el FROB de Novacaixagalicia.

El nuevo marco que implantará el Gobierno, con nuevas exigencias a las entidades para forzar su fusión, inquieta en el sector bancario. Ayer lo expresó en voz alta el presidente del Sabadell. «El alud de exigencias puede ser un poco exagerado», dijo José Oliu.