La Confederación Europea de Sindicatos ha convocado una «jornada de acción europea» para el próximo 29 de febrero.
25 ene 2012 . Actualizado a las 18:18 h.Los sindicatos europeos anunciaron hoy nuevas movilizaciones a escala comunitaria para mostrar su rechazo al pacto de disciplina fiscal que los líderes de la Unión Europea (UE) prevén adoptar el próximo lunes, un documento que, según consideran, «institucionaliza la austeridad».
En un acto organizado hoy en Bruselas, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) recalcó su oposición frontal a las medidas de ajuste fiscal promovidas por la UE, y convocó una nueva «jornada de acción europea» para el próximo día 29 de febrero, en vísperas de otra cumbre comunitaria.
Los sindicatos organizarán ese día protestas y movilizaciones en todos los países de la UE «para que los líderes europeos capten el mensaje», según anunció en rueda de prensa la secretaria general de la CES, Bernardette Ségol, tras participar en una concentración sindical frente a la sede del Consejo de la UE.
Los jefes de Estado y Gobierno comunitarios se reunirán en ese edificio el próximo lunes para tratar de cerrar el pacto intergubernamental destinado a reforzar la disciplina fiscal, en el que participan todos los socios europeos excepto Reino Unido.
Este documento «institucionaliza la austeridad» y «tiene como único objetivo reducir al máximo los déficit públicos, sean cuales sean los costes sociales», afirmó la dirigente sindical europea.
«No podemos seguir imponiendo medidas que no funcionan, que hunden a los países en la crisis y que empobrecen cada vez a más ciudadanos», destacó Ségol, quien además del contenido del documento criticó su proceso de elaboración.
El borrador del pacto «ha sido dictado por Berlín y París», y fue redactado «sin consulta alguna a los interlocutores sociales», algo que según la secretaria general de la CES «tendrá consecuencias sobre la democracia en todos los países».
En la misma línea, el secretario internacional de CCOO, Javier Doz, calificó el documento de «profundamente antidemocrático», ya que prevé que sean los funcionarios europeos «quienes determinen la elaboración de presupuestos o dirijan la política económica, sin intervención ni de los parlamentos nacionales ni de la Eurocámara».
El tratado «no incluye ni un sólo punto de impulso al crecimiento, empleo, fiscalidad común o política industrial», según dijo a Efe Doz, quien calificó el documento de la «peor y más reduccionista visión de una gobernanza económica que se pudiera concebir».
Tanto CCOO como UGT han confirmado su participación en la «jornada de acción europea» del 29 de febrero, según anunciaron Doz y su homólogo en UGT, Manuel Bonmati, tras intervenir en la reunión del comité directivo de la CES.
«Va a ser una acción descentralizada en el ámbito de cada país, y los sindicatos decidiremos ahora el grado de movilización en función de cada respectiva realidad nacional», explicó por su parte Bonmati.
El representante de UGT señaló que las acciones organizadas en España incluirán «manifestaciones, asambleas, informaciones a los trabajadores, paros o huelgas», aunque no pudo precisar qué alcance tendrán dichas movilizaciones, convocadas justo antes de la cumbre europea de los días 1 y 2 de marzo.
«Tenemos que responder en la calle para defender el modelo político y democrático de la UE», dijo Bonmati, quien también destacó la necesidad de «parar cuanto antes las políticas de austeridad que nos llevan al desastre».
Asimismo, los representantes sindicales españoles y la secretaria general de la CES criticaron la propuesta presentada por la Comisión Europea para estimular la creación de puestos de trabajo, en especial para los jóvenes.
Esta propuesta, que se tratará en la cumbre del próximo lunes y que aboga por utilizar fondos comunitarios que estén disponibles para relanzar el empleo juvenil y ayudar a las pymes, «no está a la altura de las circunstancias», afirmó Ségol.
Los sindicatos europeos proponen la creación de una tasa sobre las transacciones financieras, la aplicación de medidas contra la evasión fiscal o más normativas de protección de los trabajadores, «en lugar de seguir empujando hacia abajo las condiciones las condiciones sociales y los salarios», añadió Ségol.