Unións y Xóvenes Agricultores viven una crisis interna que les ha llevado a reducir 120 empleos en los últimos meses.
17 ene 2012 . Actualizado a las 11:15 h.Las organizaciones agrarias gallegas viven desde hace meses en el filo de la navaja. Tanto Xóvenes Agricultores como Unións Agrarias han tenido que reducir personal en los últimos meses y hacer su propia reconversión interna. Ambas se han dejado por el camino unos 120 empleados. Algunos trabajadores, además, han soportado retrasos en el cobro de la nómina, y otros aún tienen varias pendientes de ingreso, por falta de liquidez.
En el caso de Xóvenes Agricultores, que diSponía de un centenar de trabajadores, se ha quedado con 50. Y ha dejado de renovar contratos, casi siempre asociados al desarrollo de algunos programas de gestión, que se han suprimido. En Unións Agrarias el recorte ha sido incluso más drástico. Ha mantenido a 30 personas, y prescindido en los últimos dos años de «50 ou 60», según reconoce su secretario xeral, Roberto García.
Unións ha decidido además cerrar algunas de sus sedes, como parte del ajuste de gastos, y mantener los servicios, pero con menos empleados. «Para facer as cousas o menos traumáticas posibles, non renovamos ao se esgotar os contratos», admite García. El sindicato ha tenido que recurrir a reducciones salariales, y está inmerso en una campaña para captar nuevos afiliados.
Contratos de mil euros
El recorte de subvenciones por parte de la Administración y la desaparición de programas de gestión, que generaban hasta hace poco decenas de contratos, la mayoría de apenas mil euros, han conducido en parte a los sindicatos a esta situación.
Francisco Bello, secretario xeral de Xóvenes Agricultores, advierte, a modo de ejemplo, del coste que representa la simple prestación básica de servicios a los afiliados; en su caso, la realización anual de la declaración de Hacienda y el envío mensual de una revista del sector.
Los sindicatos agrarios disponen de 240.000 euros al año para gestionarse, una cantidad que reciben de la Xunta, y que, en la época del bipartito, el conselleiro Alfredo Suárez Canal adquirió el compromiso de elevar desde los 700.000 euros al millón. En el Sindicato Labrego Galego (SLG) no ha habido despidos, asegura Carme Freire, quien establece en el 30% la reducción de subvenciones. La organización capea la situación con militantes, liberados y contrataciones a media jornada.