La administración concursal de Clesa estudia anular operaciones por 150 millones

Las operaciones se produjeron durante los dos años anteriores a la declaración del concurso de acreedores.

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La administración concursal de Clesa ha detectado un conjunto de operaciones valoradas en más de 150 millones de euros y tres hipotecas constituidas por un valor superior a 10,12 millones de euros que pueden ser objeto de rescisión, lo que permitiría su reintegración a su activo.

Según el informe de los administradores concursales de Clesa, al que ha tenido acceso Efeagro, estas operaciones se han producido durante los dos años anteriores a la declaración del concurso de acreedores, por lo que son actos posiblemente rescindibles.

Se trata de operaciones que consisten en garantías personales y reales constituidas por Clesa a favor de sociedades del mismo grupo y, en algún caso, de terceros.

Entre las operaciones que la administración concursal ha incluido en este capítulo destacan por su importe las constituidas por Clesa a favor de Acapulco Property, frente a cualquier tercero, por importe de 56 millones de euros; la otorgada a Puertomontino, frente a cualquier tercero, hasta un límite de 30 millones; o la dada a favor de Santander Factoring Occidental, por valor de hasta 24,9 millones.

Clesa también concedió garantías por valor de 2 millones de euros a favor de Perfil Inmobiliario Extramuros ante Bankpime y, por el mismo importe, a Quesería Menorquina ante Sa Nostra Caixa de Balears.

Otras empresas del grupo Nueva Rumasa que recibieron estas garantías fueron Carcesa en seis operaciones por importe de 3,6 millones de euros y Grupo Dhul en cuatro actos por un importe conjunto de 12, 3 millones.

Destacan también las garantías concedidas por Clesa a favor de Inversions Caybon por un monto de 2 millones de dólares

El informe detalla, además, una serie de hipotecas constituidas dos años antes de la declaración del concurso que puede ser susceptible de rescisión, y que en conjunto suman un importe de 12,3 millones.

Los administradores concursales explican que la decisión de ejercitar o no la acción de reintegración de estas garantías y de otras debe adoptarse en términos de utilidad para el concurso, es decir, valorando «si la rescisión supone en la práctica, y no en la teoría, alguna ventaja para los acreedores concursales».

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