Resucitar el durmiente impuesto sobre el patrimonio va a resultar algo más complejo de lo anunciado por el Gobierno, ya que la factura final depende de las comunidades. De hecho, Galicia es, junto a Baleares, Canarias, Cataluña y Cantabria, una de las autonomías que tenía regulado un mínimo exento propio para el tributo, muy por debajo de los 700.000 euros fijados ahora por el Ejecutivo, y que, de no modificarse antes del 31 de diciembre, supondría una factura fiscal pesadísima para sus contribuyentes, además de un agravio comparativo.
En el caso gallego, el mínimo exento antes de la suspensión del impuesto en el 2008 era de 108.000 euros. En el extremo opuesto está la Comunidad de Madrid, donde está bonificado en su integridad. Tanto los inspectores de Hacienda como los expertos consultados no descartan que se produzca -de no armonizarse la tributación- la fuga de contribuyentes de una comunidad a otra en busca de beneficios fiscales.
Al respecto, desde la consellería de Facenda de la Xunta, ayer calificaron de nuevo el impuesto de «electoralista» y afirmaron que «para tomar cualquier decisión» esperarán a ver cómo se convalida en el Congreso el decreto-ley. En cualquier caso, Facenda destacó que «la Xunta cuenta con todas las medidas legislativas necesarias para adaptarse a los cambios que se produzcan».