Pontón pregunta a la Xunta en el Parlamento si va a sancionar al regidor
27 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El BNG lleva al Parlamento la obra municipal que afecta al Castro de Cortegada. Presentó preguntas para respuesta oral y escrita. Se interesa por saben cómo valora la Xunta los hechos, cual es el contenido del informe técnico y qué medidas prevé adoptar. También quiere saber si la Xunta abrió un expediente sancionador al Concello de Silleda y si considera que este tipo de actuaciones promueven la falta de consideración por la protección del patrimonio.
Las preguntas ya presentadas las avanzó ayer una de las parlamentarias del BNG firmantes, Ana Pontón, que junto con los representantes locales el BNG silledense, Matías Rodríguez da Torre y Tania Cornado, valoraron la actuación municipal en la que profundizarán más cuando dispongan del infome técnico.
No dejaron sombra de duda sobre la posición del BNG, ni quieren mirar para otro lado. Dejan claro que defienden las infraestructuras que necesiten los vecinos pero rechazan que sea a costa de dañar el patrimonio. Además aseguran que pista y patrimonio son compatibles pidiendo el permiso y dictando Patrimonio qué y cómo se puede hacer. El caso «é unha tropelía», dice Da Torre, y tratan de crear «un debate falso e torticeiro» y acaban escudándose en los vecinos y en una obra necesaria, dice Pontón que considera que la escusa del alcalde de ausencia de legislación urbanística municipal para el castro no cabe porque la Lei de Patrimonio señala claramente que elementos catalogados y yacimientos deben ser protegidos y esa ley está por encima del PXOM. Consideró que la acción puede ser sancionada como muy grave y conllevar sanción económica que pagarían los silledenses por la imprudencia del alcalde. Fue una actuación «deliberada e gratuita. O Concello ten a obriga de protexer o patrimonio», dice.
Además, aseguraron que es como abrir la ley de la selva, cualquiera podría hacer lo que quiera. Da Torre fue más allá: «O alcalde ten que ser responsable de algo, conoce a ley e decide non facerlle caso, que se largue dunha vez porque é unha vergonza para os silledenses».
Pontón califica de muy grave que una administración se convierta en infractora porque redunda en desproteccion del patrimonio y deslegitima a la institución ante los vecinos e insite en que «hai abuso de poder, sáltase a legalidade e dánase un ben patrimonial».
Da Torre dice que reprueba al alcalde por infractor, que prevarica y debe dejar el cargo
Matías da Torre dice que el alcalde no pidió autorización y si un vecino hace eso «tería un gravísimo problema e teríalle feito a vida imposible. Crese dono e señor de Trasdeza. É a acción política máis vergoñenta ate agora porque mañán fara outra», dice e indica que «reprobámolo como tenente de alcalde, tamén como alcalde (sen apio do PP) e agora temos que reprobalo por infractor urbanístico». Asegura que políticamente «fai populismo cos veciños» y que «este señor non debe seguir sendo alcalde mentras non lle faga caso a normativa é a lei, el é o primeiro que ten que cumplila». Lo que era habitual hace años, hoy son «tropelías impensables» y estima prevaricación y «non pode quedar impune». Asegura que «o problema creouno el so, nin veciños nin oposición nin denunciante». La solución al camino ahora debe decidirla Patrimonio, valora.