Esperan aminorar los 450.000 euros que supone de rebaja de ingresos con la regulación
18 sep 2016 . Actualizado a las 13:37 h.Era una de las cuestiones que ya figuraban dentro del pacto de gobierno y ayer los representantes de los cuatro partidos que conforman el gobierno local lalinense anunciaron la rebaja del IBI del 0,46 al 0,4 % el año próximo. Recordaron, en palabras de Teresa Varela, que si este año no se llevó a cabo, como llegó a criticar el PP, fue porque Intervención no lo permitía ya que el presupuesto incumpliría la regla de gasto.
La medida fue presentada por el alcalde, Rafael Cuíña y los concejales Nicolás González Casares, teresa Varela, Francisco Vilariño y Lara Rodríguez. Este año los recibos del IBI ya bajaron al situarse la ponencia de valores en el 0,46.
Eso supone, según el portavoz nacionalista, Francisco Vilariño, para las arcas locales una merma de ingresos de urbanos 130.000 euros con respecto al año anterior. En el 2015 fueron 22.813 recibos de IBI urbana que supusieron un ingreso de 3.571.196 euros. Este año serán 22.768 y 3.441.757. Un recibo medio, señalaron, de 156 euros pasa a 151 euros. Los recibos se cobran en octubre.
El año que viene con la rebaja al 0,4, el mínimo legal, el Concello dejará de ingresar aproximadamente 450.000 euros. Una pérdida que esperan paliar en parte con el incremento de ingresos tras la actualización y revisión realizada por Catastro que ya se finalizó en el rural y que se llevará a cabo también en el casco urbano.
La bajada será, apuntan de un 13 % de media en los recibos. Las previsiones de ingresos sobre el padrón son de unos 2.992.832 euros frente a los 3,441 millones de este año. Una pérdida de ingresos a la que se sumaría recordó la derivada de los cambios de uso en terrenos.
Los miembros del gobierno local calificaron la rebaja de «unha decisión arriscada y González Casares recordó que «só vai ser posible gracias a rebaixa da débeda». Como ejemplo puso una vivienda con un valor catastral de 50.000 euros que «o ano pasado pagaba 250 euros, este ano paga 230 e o que ven pagará 200 euros, o que supón un 20 % menos nos tributos». Vilariño recordó que fue en el 2003 cuando se hizo la ponencia de valores que se empezó a aplicar en el 2004 y que estos anos «houbo recibos que se multiplicaron por tres e incluso por catro neses anos con subas porcentuais do 300 % en diseminado e incluso en casos do casco urbano» .
Responsabilidad
Rafael Cuíña defendió que la decisión política de rebaja «demostra que en vez de subir os impostos en épocas de crisis como facían outros, o baixamos» y recordó al PP «que di que non os querían subir pero que fora por culpa das leis de Montoro, que Montoro é do Partido Popular e repasando a hemeroteca non vín ningunha queixa do PP contra esta medida de Montoro» considerando al PP «corresponsable» en esta materia. Cuíña defendió un «modelo impostivo que teña en conta as necesidades das persoas».
Una medida lineal y combatir el fraude
El gobierno defendió que continuará persiguiendo el fraude fiscal para que todos los ciudadanos paguen y recordaron que la medida de rebaja es lineal y afectará a toda la ciudadanía. El gobierno local entiende que el presupuesto del año que viene tendrá que ser austero, precisamente para hacer frente a esta rebaja de ingresos ya que entienden que es probable que no se note en las arcas municipales el incremento de nuevas altas y actualizaciones de reformas que realiza el Catastro hasta el año 2018. Aprovechando, al mismo tiempo, para pedir al PP de nuevo que «non bloquee os investimentos porque sinon é moi posible que a rebaixa non sexa posible».
El PP quita el mérito a Casares y dice que la rebaja de los terrenos fue otorgada por ley
El PP acusa a González Casares de mentir «canto se outorga a rebaixa na tributación duns terreos que tiveron ese beneficio por lei». Indican que esa rebaja se produjo «a raíz dun cambio normativo fixado por lei a raíz da nova Lei do Catastro Inmobiliario aprobada polo goberno do PP en xullo do 2015». Acusan a Casares de «ser responsable de que se retrasase un ano esta rebaixa despois de que o Catastro lle pedise a relación de terrenos beneficiarios en agosto do 2015 e respondese en febreiro».
Defienden que «a única tramitación administrativa do actual goberno para acometer esta rebaixa contemplada na lexislación aprobada polo PP, a maiores de consultas e reunións que puido manter o equipo de goberno, foi un acordo da xunta de goberno de 18 de febreiro deste ano respondendo a un requerimiento do Catastro de agosto de 2015». Un retraso, dicen, de siete meses que creen «retrasou un ano esta rebaixa na tributación dos lalinenses» y que señalan, pudo producirse a en el 2015.
El PP califica también de mentira la rebaja del IBI apuntando que «o actual goberno subiu do 0,4 ao 0,46, despois de que un cambio normativo catastral deixase o tipo mínimo marcado por Lei o 0,4 (como tiña o goberno anterior) e que o goberno tivese que facer unha modificación das ordenanzas fiscais para subir o tipo ao 0,46». Indican que anque una parte de los recibos bajaron «solo baixaron a metade dos que tiñan que ter baixado, e outra parte subiron ata un 10 %».
En cuanto al retraso en los proyectos de remanentes que el gobierno local achaca al PP, los populares lamenta que «sigan sin asimilar que están en minoría pola exclusiva culpa do alcalde e a súa incapacidade para ter contentos aos socios do goberno multicolor». Opinan que «si agra o goberno non ten marxe de manobra para sacar adiante os seus proxectos é só culpa do propio goberno e quen dirixe e non do PP, que segue sendo oposición no Concello de Lalín». Creen que «só o goberno se pode crer a estas alturas que por vinte días de retraso poden comprometerse a realización dunhas obras». Aluden a los trabajos de mejora de la Ronda Este cifrando en «case un ano» su tramitación y acusan al gobierno local de «torpeza» y de «continuas mentiras para tapar a súa inoperancia».