Deberá pasar a indefinidos a 38 trabajadores, y en el Patronato Cultural también
05 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El sindicato CC. OO. dio a conocer ayer sendas resoluciones de la Inspección de Trabajo en respuesta a sus denuncias sobre personal con contratos temporales en Concello de Lalín y Patronato Cultural, obligando a transformarlos en indefinidos. Son 38 trabajadores en el caso del ayuntamiento, con tres meses de plazo para regularizar la situación, mientras en los contratos del patronato por ser una cifra sensiblemente inferior el cambio deberá realizarse en dos meses.
García Pedrosa, responsable comarcal del sindicato, dijo que era la resolución esperada «por moito que dixeran o alcalde, o goberno e outros sindicatos na ceremonia da confusión», señalando que fue a la vía a que abocó el conflicto la negativa de Rafael Cuíña a buscar una salida negociada con CC. OO. que el sindicato intentó: «Non existiu ningunha posibilidade de negociación, e por iso denunciamos na Inspección». Pedrosa explicó que el conflicto se alargó en el tiempo desde la denuncia del 16 de febrero porque pese a los requerimientos de la Inspección de Trabajo en su visita al consistorio el 16 de marzo, el Concello no entregó los contratos de trabajo hasta el 27 de mayo, tras un segundo requerimiento de la inspección 15 días antes. En medio, el 1 de abril se había aportado únicamente un listado de personal laboral con las antigüedades de los trabajadores.
El sindicalista señaló que las resoluciones de Trabajo dejan en evidencia al alcalde de Lalín, que había anunciado el 28 de junio un plan negociado con la Inspección para la progresiva transformación de los contratos en indefinidos a lo largo de lo que resta de mandato: «O alcalde dou de novo información falsa. Dixo que a Inspección acordaba facelo de xeito escalonado cando non había tal acordo». Asegura que el propio jefe de la Inspección provincial, José María Casas de Ron, ya les había comunicado entonces a CC. OO. que la regularización de los contratos en fraude de ley no podía negociarse, y se daba el mismo plazo al Concello lalinense que a otros en la misma situación, para evitar trato discriminatorio con los demás.
El siguiente paso apunta a la incorporación de puestos a la RPT
Pedrosa señala que la transformación de los contratos temporales en indefinidos debe realizarse en el plazo marcado, porque tiene consecuencias para los trabajadores. Asegura que al pasar a ser indefinidos empezarán a cobrar la antigüedad: «Será o primeiro efecto. O segundo pasa por incorporar os postos de traballo á RPT. Ímolo plantexar a continuación, e esperamos que se poida normalizar a situación», dijo Pedrosa. El sindicalista espera que el gobierno local no busque «un novo truco» para diferir en el tiempo la transformación de contratos en indefinidos, y recuerda que las propias resoluciones de Trabajo recogen que el incumplimiento del requerimiento conlleva responsabilidades administrativas.
CC. OO. lamenta todas las opiniones vertidas desde Concello y sindicatos poniendo en tela de juicio su actuación, «cando nós sabiamos o resultado final porque xa pasara en media ducia de concellos de Pontevedra», donde también denunciaron. Porque señalan que su actuación en Lalín fue la misma que en otros ayuntamientos, como Rodeiro.
El gobierno local dice que la orden choca con la Lei de Función Pública, y carga contra el PP
Poco después de que CC. OO. informara de las resoluciones de la Inspección de Trabajo lo hacía también el gobierno local, con la única que por el momento señala que llegó al consistorio la pasada semana: la referida a los 38 trabajadores del Concello. El alcalde mostró su extrañeza de los tres meses para regularizar la situación pese al acuerdo oral y tácito con Inspección: «Este goberno está contento no sentido de que respectamos aos traballadores e queremos favorecelos», pero dijo que no aceptarán «meter traballadores que entraron ao mellor pola porta de atrás; imos estudar caso por caso, e se nalgún caso hai que pagar a indemnización ímolo valorar», aunque aclaró que no es la intención del ejecutivo. Dijo que la resolución «é un órdago absoluto á política de emprego que levaba o anterior goberno durante anos», con casos que se remontan décadas atrás, con numerosas prórrogas.
Todavía no saben cómo puede afectar económicamente al Concello, y dijo que de nuevo los lalinenses «pagan as desfeitas do PP en diferentes materias», como párking, Penacoba y ahora en empleo. Dijo además que el sindicato denunciante miró para otro lado mientras gobernó el PP. Cuíña dijo que lidian con una situación de cuyo origen no son culpables.
Por su parte, González Casares reiteró la intención de cumplir el requerimiento de Trabajo pero anuncia un informe jurídico al entender que esta numerosa regularización choca frontalmente con la Lei de Función Pública gallega, por lo que se asesorarán para saber qué determinación prevalece.