La red derivó hasta 55 sanciones a un conductor portugués que está preso en su país
29 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Engañar a la administración, aportando la identidad de un tercero con el fin de derivar responsabilidades ante una infracción de tráfico, entra dentro de la picaresca habitual, aunque entraña riesgo. El éxito no está garantizado y hasta puede llegar a resultar incómodo, como están empezando a comprobar las 36 personas a quienes Tráfico y la Guardia Civil han denunciado como presuntos autores de hasta 55 falsedades. Alguno de ellos ya ha recibido la citación judicial para explicarse. Otros están en lista de espera. En todos los casos, sea como fuere, han tenido ya ocasión de aclararse ante la Guardia Civil. Los dos presuntos responsables -Alberto G. y Luis M., de O Carballiño y Lalín, respectivamente- no llegaron a declarar cuando los agentes del Grupo de Investigación y Análisis (GIAT) de la Guardia Civil de Tráfico de Ourense llegaron a ellos.
Que todos acaben en el banquillo, que la causa siga adelante solo para los dos presuntos cerebros, que afecte a los colaboradores más directos, o que acabe salpicando a los clientes, es decir, a los conductores que trataban de evitarla retirada de puntos de su carné de conducir, conocedores o no de la mecánica y del fraude, es algo que está por ver.
La instrucción del caso, que vio la luz a finales del pasado diciembre, lleva sus tiempos. De ella saben ya varios juzgados de Galicia, a los que se han librado exhortos desde el juzgado de Ourense en el que se han acumulado las actuaciones. No solo a Lalín y O Carballiño, sino también a Cambados, a Carballo y a Chantada. Y más que saldrán, probablemente, pues son 36 las personas identificadas en este fraude masivo, en el que se utilizaba el carné de un conductor portugués a quien se atribuían las infracciones.
De A Coruña se ha documentado un caso. De Pontevedra han aparecido diez. Lugo aporta otros nueve casos. El resto corresponden a la provincia de Ourense. Todos ellos, en cualquier caso, fueron tramitados en la Jefatura de Tráfico de Ourense, donde se inició la investigación y desde donde se enviaron al juzgado los expedientes correspondientes a cada una de las infracciones.
Los agentes de los distintos destacamentos de tráfico de la Guardia Civil en Galicia llegaron prácticamente a todos y aportaron al juzgado su testimonio. Gran parte de los implicados desconocían cómo funcionaba. O eso dicen. Sabían que en Lalín y O Carballiño había dos personas que gestionaban las sanciones correspondientes a excesos de velocidad detectados por los radares fijos. Y allí acudieron.
La recepción de las cartas, por otra parte, la firmaban seis parientes de Luis M. y una séptima persona, no identificada. Uno de ellos rubricó hasta dieciséis certificados, según admitió el interesado y reconoció la propia empleada de Correos que lo entregaba y declaró como testigo.
El conductor portugués, por su parte, se mostró ajeno a la trama. Pedro P. está preso en Portugal por otro asunto. Ni siquiera sabe cómo podían tener sus datos, pero las multas llegaban a su nombre hasta la explotación agraria de Lalín. Nadie pagaba. El expediente seguía su curso y acababa en la Agencia Tributaria, que nada obtenía porque el presunto infractor carece de bienes en España. Y las acciones de embargo en otro país son otra historia.
La investigación de la Guardia Civil y de Tráfico localizó multas desde 2009 hasta abril del 2015
Los intermediarios, de acuerdo con las conclusiones a las que ha llegado la Guardia Civil, obtenían como beneficio el dinero de la multa, cuya pérdida aceptaban los infractores, más preocupados por el mantenimiento de los puntos del permiso de conducir.
La mecánica que utilizaban los dos supuestos cerebros de la trama, con ramificaciones en toda Galicia, se empezó a utilizar en enero del 2009. El último caso conocido es de abril del 2015. La fotocopia del carné de conducir de Pedro P. decía que había caducado en el 2014. Desde el destacamento de Tráfico lo comunicaron a la dirección de Lalín. Y pocos días después, llegó la misma fotocopia, con la misma «foto» del conductor, pero con la fecha cambiada. Fue tirar del hilo y destaparlo todo.
El trabajo del grupo de investigación y Análisis (GIAT) de la Guardia Civil de Tráfico de Ourense, que a finales del pasado año se concretó en un voluminoso atestado al juzgado de guardia, puso en danza también a sus compañeros del resto de Galicia. Hace pocos días que llegó al juzgado de Ourense el último informe, procedente en este caso de Lugo, donde habían tomado declaración a ocho personas en calidad de investigados, actual denominación de lo que se consideraban imputados hasta la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La gestión de las sanciones se realizaban por dos personas en Lalín y O Carballiño